Gayet insistió en que el proyecto que busca que los dueños de restaurantes puedan ubicar sus mesas en algunas calles de la capital será beneficioso para el rubro, que atraviesa una complicada situación debido a la pandemia del COVID-19.
En ese sentido, afirmó que las grandes avenidas no podrán usarse como peatonales y probablemente tampoco uno de sus carriles, por las dificultades que podría causar en el tráfico.
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“No vamos a poder bloquear Mariscal López y España, pero sí calles paralelas en condiciones y en donde haya menos circulación. Nos parece auspicioso eso de poder extender un poco más los espacios públicos; incluso, es una recomendación de la OMS y del ministerio de acá”, afirmó en conversación con ABC hoy.
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En otro momento, dijo también que ello estará limitado a los restaurantes que tengan la capacidad de poder hacer estos cambios en su infraestructura. “Hay que ver qué restaurantes tienen la capacidad de poder hacer eso. Hay que visualizar dónde puede ser”, refirió.
Días pasados, otra de las referentes del sector gastronómico, Aramí O’Hara, indicó que -de aprobarse la disposición en Asunción- significará también una inversión para las empresas.
Gayet insistió en que la medida sería “positiva” y que el gremio aguarda que “salga lo antes posible”. Como ejemplo, dijo que podrían bloquearse las calles en determinadas zonas, como Carmelitas, sobre Senador Long, un sitio de bares y restaurantes. El titular del gremio indicó que “es consciente” de que no lo podrá hacer porque tiene su restaurante, llamado Le Sommelier, sobre la avenida Denis Roa, y que en la zona no hay calles alternativas en buen estado para transitar.
Esto ocurre en momentos en que el Congreso sancionó un proyecto de ley de auxilio a los empresarios gastronómicos, que esperan sea promulgado por el Ejecutivo.
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El proyecto declara en estado de emergencia los sectores de turismo, gastronómico, hotelero, de entretenimientos y de eventos y modifica el artículo 90 de la Ley N° 63/19 de modernización tributaria.
La propuesta concede una serie de beneficios tributarios, exoneración de hasta el 50% del consumo de energía de la ANDE y del aporte obrero patronal al Instituto de Previsión Social (IPS), entre otros.