Según la denuncia, arrendatarios de las empresas agropecuarias Laguna S.A. y Agropecuaria Principado S.A. no han podido recolectar miles de hectáreas de maíz a causa de un grupo de nativos que invadieron dos estancias y prohíben a los operarios de las cosechadoras realizar su trabajo, bajo amenaza de muerte.
Los labriegos tampoco pueden realizar la siembra directa que los productores de la zona pretendían efectuar inmediatamente tras levantar la producción.
Los indígenas son liderados por Antonio Carrillo Mancuello y Mario Saucedo, sobre quienes pesan decenas de denuncias por extorsión y amenaza a productores, y quienes aparecen como beneficiarios de millonarios contratos de arrendamiento de tierras indígenas de la zona.
“Hace años vienen coaccionando y sacando mucho dinero a los arrendatarios de las dos propiedades. Cada vez que se va cosechar o se va sembrar aparecen, cierran camino, amenazan con quemar los tractores y los cultivos para extorsionar”, señaló Diego María Troche, representante legal las empresas afectadas.
Hace pocos días, la comunidad indígena “Tekoha Yapo”, liderada por Carrillo y Saucedo, obtuvo su personería jurídica. Si bien el documento es apenas un reconocimiento de la comunidad, los indígenas pretenden usarlo para apropiarse de propiedades privadas, señalan los denunciantes.
Las dos propiedades son colindantes con varias comunidades de nativos que poseen más de 5 mil hectáreas de tierra.
Los mismos "alquilan esas propiedades a sojeros brasileños e invaden nuestras propiedades, generando perjuicio, temor y zozobra a la gente que trabaja dichas tierras con total impunidad, pues la justicia no se anima a actuar contra ellos”, lamentó Troche.