El Sindicato de Trabajadores de Acepar (Sitrapar) informó ayer que hace 17 meses los trabajadores de la quebrada siderúrgica no perciben sus salarios, y que la deuda con los obreros ya llega a unos US$ 3,5 millones hasta la fecha. Además, la empresa dejó de pagar otros US$ 1,5 millones al Instituto de Previsión Social (IPS), en concepto de aportes de sus empleados, por lo que algunos no pueden ni jubilarse.
Ramón Verón, secretario general del gremio, señaló que la situación es difícil y que esperan que se pueda dar una solución a este serio problema para las familias que dependían de la fábrica. “Hay compañeros de 60 años de edad, que ya cumplieron sus aportes, pero falta que la administración judicial regularice los pagos para que puedan jubilarse”, lamentó.
Siguió: “Existen personas que están con enfermedades, estamos pasando mal, no dimensioné que esto nos tendría así por tanto tiempo. Hay personas que trabajan en lo que sea para sobrevivir. Incluso existen casos en que ya no podemos pagar por los estudios de nuestros hijos, por lo que tuvieron que dejar la universidad”.
Esta es la situación en la que se encuentra Acepar, tras una fallida privatización que data de 1993, y ahora pretenden que estos “clavos” paguen todos los paraguayos, luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado el miércoles último el proyecto de ley “por el cual se establece el pleno dominio público para la titularidad por parte del Estado paraguayo en la planta siderúrgica”, que fue bastante cuestionado.
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Se consultó ayer al procurador general de la República, Sergio Coscia, sobre los pasivos totales que tiene la empresa, pero no respondió las consultas. También se le preguntó lo mismo al interventor judicial, José Luis Vinader, pero también evitó responder sobre el tema.
Respecto al plan de estatizar nuevamente Acepar, Vinader dijo que eso va a facilitar el interés de inversores, pero que “preocupa la parte legal del proyecto de ley”, que en realidad debe cuidar la Procuraduría.
Sobre el punto dijo: “La ley vigente prevé el mecanismo de resolución de conflictos y es por el que optó aplicar el gobierno anterior (un arbitraje). Sin embargo, ahora la Cámara de Diputados plantea algo muy diferente y propone que el Estado se apodere de un bien vendido, tipo confiscación. Es un problema o riesgo legal que se debe evaluar”, aseveró.
Acepar era una empresa pública hasta 1993, cuando fue entregada al consorcio privado Cosipar. Ante los verificados incumplimientos de las condiciones acordadas con el Estado, en 2013 se frenó ese proceso de privatización y se ha arrendado sin el éxito esperado.