Los familiares de los asesinados y excompañeros de trabajo en la Fundación Moisés Bertoni de Rumildo Toledo (36) y Artemio Villalba (51) exigen que el procesado Hugo Andrés González Sosa sea remitido a la cárcel regional de Villarrica, al igual que los otros tres detenidos con relación al caso.

El juez de Garantías que lleva el caso, Carlos Flores, ya firmó hace rato la resolución para su remisión hasta la cárcel de Villarrica, pero los policías de Caazapá están incumpliendo la orden judicial, indicaron.

Los familiares señalaron que al principio el destino de González Sosa, un funcionario judicial (cuando ingresó clandestinamente en la reserva Tapyta para cazar), era la cárcel de San Pedro. Sin embargo, el juez Flores consiguió un lugar para él en la cárcel de Villarrica y cambio su resolución.

Según los datos, el procesado no quiere ir a la cárcel de Villarrica y pide a través de su abogada el cambio de la orden de prisión preventiva por arresto domiciliario. Ya pidió la revisión de la medida, inclusive alegando enfermedad, pero el magistrado Flores ratificó la prisión preventiva en la cárcel de Villarrica.

Los otros detenidos con relación al caso se encuentran en la cárcel de Villarrica. Son los hermanos Braulio, Robert y Arnaldo Ramón Alcaraz González.

El jefe de la comisaria de Caazapá, Carlos Ferreira, al ser consultado sobre la denuncia, dijo que al procesado todavía no le llegó el resultado de su estudio de COVID-19.

La excusa del uniformado no convence a los familiares de los asesinados.