La cartera de Estado emitió días atrás una resolución a través de la cual anuló los registros sanitarios otorgados a la firma Insumos Médicos SA (Imedic), para la comercialización de los medicamentos letrozol 2,5 g, piperacilina 4g + tazobactam 500 mg y enoxaparina sódica en sus formas 40 mg/0,4 ml, 60 mg/0,6 ml y 80 mg/0,8 ml.
Esto luego de que se detectaran varias irregularidades en diferentes lotes de los diversos medicamentos.
A pesar de las diversas irregularidades, la cartera de Estado encabezada por Julio Mazzoleni solo anuló los registros sanitarios, pero no inhabilitó a la firma que es propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel.
La laxa sanción generó críticas contra el Ministerio de Salud y contra la Dinavisa.
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La doctora María Antonieta Gamarra, titular de Dinavisa, señaló ayer a ABC que el ente regulador solo puede dar recomendaciones y que es el Ministerio el encargado de determinar las sanciones.
“Solo el Ministerio de Salud puede inhabilitar alguna empresa. Dinavisa puede solicitar cualquier medida de sanción que esté prevista en nuestra ley. Es la obligación del Ministerio velar por la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos. Cuando se creó Dinavisa, el objetivo principal fue garantizar la calidad de los medicamentos”, manifestó la doctora Gamarra.
Recientemente, el Ministerio de Salud sancionó a Imedic por la violación de normativas sanitarias en el manejo de productos sanitarios y dispuso el retiro del mercado de una serie de medicamentos oncológicos y antibióticos comercializados por esta firma.
“Esto surgió como fin del sumario al cual estaba sujeta la empresa luego de la denuncia de que las facturas con las que se importaron en años anteriores no estaban coincidiendo con los detalles de los registros sanitarios. Estos productos tenían registro sanitario, pero durante la importación no coincidían la procedencia de los productos con el origen declarado. A raíz de eso se empezó toda la investigación”, explicó Gamarra.
“Fue un largo proceso hasta que, en medio de eso, también solicitamos la suspensión de las actividades de la empresa para poder investigar bien. La conclusión del sumario recayó en una solicitud de cancelar estos registros ante la duda de que no se estaban comercializando en forma”, añadió.
La profesional afirmó que desde el inicio de la investigación ya se aseguraron de que estos medicamentos dejen de circular en el mercado. “También se solicitó retirar del mercado estos medicamentos que estén circulando. La cancelación del registro implica que estos productos no podrán volver a comercializarse. Una vez que se habían puesto en cuarentena estos productos, ya nos habíamos asegurado de dónde estaban estos medicamentos y que no sean comercializados”, dijo.
Denunciada por falsificación
Las empresas del clan Ferreira estuvieron en el foco de la atención pública en reiteradas oportunidades en los últimos meses.
Las firmas fueron beneficiadas con un contrato de G. 85.000 millones para la provisión de equipos de bioseguridad al Ministerio de Salud en el marco de la pandemia de coronavirus.
El llamado estuvo plagado de irregularidades y los insumos fueron rechazados por falencias de calidad y documentación.
El clan también fue salpicado por denuncias periodísticas y penales debido a que hacía figurar medicamentos que importaba de India como provenientes de Brasil.