El juez instructor de la DNCP, Javier Garay Servín, notificó a la intendenta Patricia Corvalán (colorada abdista, esposa de un diputado investigado), sobre la resolución N°4011/20 firmada por el director de Contrataciones Públicas, Pablo Fernando Seitz Ortiz, en la cual se anula el proceso. Mediante el documento instó a la jefa comunal a tener en cuenta lo dispuesto en la normativa para la estimación de los costos y precios referenciales de los procesos de contratación, a los efectos de garantizar las mejores condiciones de contratación en cumplimiento de los principios de economía y eficiencia.

El precio unitario dispuesto por la Comuna era de G. 12.500 para 36 escolares de tres instituciones educativas y un plazo de 105 días de provisión. Se estimó un precio referencial mínimo de G. 24.737.500 a un máximo de G. 49.487.500.

Según la resolución de la DNCP, la investigación se inició con base en las observaciones realizadas por la Dirección de Normas y Control al concurso de referencia.

La presidenta de la Junta Municipal, Natividad Morel (Unace), señaló que el llamado a licitación para la provisión del almuerzo escolar no fue aprobado por la corporación legislativa local. Dijo que remitirán los antecedentes a la DNCP para deslindar responsabilidades.

Intentamos obtener la versión de la intendenta Patricia Corvalán pero no atendió nuestras llamadas.