El abogado Jorge Enrique Bogarín, por la defensa de Lucio Romero Caballero; la abogada Verónica Rotela, por la defensa de Nery Antonio Franco González, y los abogados Richard Rojas y Gustavo Miguel Arietti, por la defensa de Reinaldo Chaparro Penayo, apelaron y solicitan la nulidad de las condenas que impuso un tribunal de sentencia el pasado 28 de agosto a través de la S.D. Nº 279, al hallarlos culpables del delito de estafa, no así por el de cobro indebido de honorarios.
Para los apelantes, el delito de estafa no se encuentra configurado dentro de los requisitos exigidos por la norma, agregan que el tribunal de sentencia no transcribió en su fallo los incidentes planteados en el juicio oral y que igualmente hubo errónea aplicación en cuanto a la medición de la pena, entre otros vicios procesales que argumentan los defensores.
Antecedentes
El tribunal de sentencia presidido por el juez Carlos Hermosilla e integrado por Wilfrido Peralta y Fabián Escobar, condenó a 3 años de pena privativa de libertad a Chaparro Penayo, mientras que Romero Caballero y Franco González fueron sentenciados a 2 años y seis meses de cárcel por el hecho punible de estafa.
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Los caseros que fueron incorporados como funcionarios, cobraron salarios de la Cámara de Diputados desde julio de 2016 hasta febrero de 2017, sin haber cumplido funciones en la sede legislativa.
En cuanto al perjuicio patrimonial, Chaparro Penayo ocasionó un daño de G. 16.937.080; Romero Caballero G. 16.895.830 y Franco González G. 24 millones, por los meses que cobraron salario del Legislativo, pero en realidad trabajaron para el diputado Tomás Rivas (colorado cartista).
Franco González y Chaparro Penayo eran choferes, mientras que Romero Caballero era secretario privado de Rivas.
Rivas hasta ahora, por medio de chicanas, evita la realización de su audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Raúl Florentín, quien debe resolver si eleva o no la causa a juicio oral, tal como ocurrió con los caseros.