La UPV-Chaco presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la firma Technologies Development of Paraguay SA (TDP), propiedad del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy; y concesionaria de la explotación de la quiniela.
En el documento denuncian los supuestos hechos de apropiación, lesión de confianza y evasión de impuestos, que habrían sido cometidos por parte de la firma.
En el escrito, firmado por el veterano Roberto Villagra Alcaraz y el capitán Alejandro Grance; excombatientes y directivos de la UPV; relatan haberse enterado a través de informes periodísticos y de comunicados emitidos por la misma empresa de Wasmosy sobre el incumplimiento en el que habría incurrido con respecto al pago de tributos que debían ser destinados al sostenimiento de quienes combatieron en la Guerra del Chaco.
“La UPV Chaco se siente consternada al haberse enterado que la firma TDP SA se negó a rendir cuentas o aun siquiera demostrar si efectivamente cumplió o no con la obligación de la ley 431/73”, señala el escrito.
Los veteranos cuestionan duramente también a las autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) no se pronunció sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de la concesionaria del mayor juego de azar del país.
“El Ministerio de Hacienda durante varios años ha negado el pago de aguinaldo a los herederos alegando que no tenía fondos para dicho efecto”, relata.
Inconstitucionalidad
En 2015, la firma TDP SA fue adjudicada para explotar durante cinco años la quiniela. En el pliego de bases y condiciones de la licitación y en el contrato firmado con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), la empresa del expresidente Wasmosy se comprometió a cumplir con el pago de varias tasas establecidas en diferentes leyes.
Una de esas leyes era la ley 431/73 que estableció retenciones que debían ser destinadas a honorarios para excombatientes de la Guerra del Chaco.
La señalada ley, a través de sus modificatorias, determina que las firmas que explotan los juegos de azar debían retener un 10% de los premios superiores a G. 1.000.000. Esos montos debían ser dirigidos para los sueldos de honor de los veteranos y excombatientes.
Ni bien fue adjudicada, la firma de Wasmosy presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Tributaria y la 431/73.
La concesionaria de la quiniela aseguró que estaba ante una doble imposición impositiva. Básicamente decía que al pagar el canon establecido para la quiniela, no debía pagar el Iracis. Tampoco quería pagar las tasas para los veteranos ni las donaciones que debían entregar a fundaciones de beneficencia derivadas de los premios no pagados por no presentarse el ganador.
La Corte Suprema rechazó semanas atrás la acción planteada por TDP.
Tras la resolución en contra, la firma sostuvo que el tributo fue derogado ya en diciembre del año pasado.