El juzgado no hizo lugar a la aclaratoria planteada por la defensa de Miguel Cuevas en relación a la posibilidad de que el legislador participe por medios telemáticos de las sesiones de la Cámara de Diputados desde su lugar de arresto.
La defensa del diputado colorado había planteado un recurso de aclaratoria ante el Juzgado Penal de Garantías que le otorgó el arresto domiciliario para saber si el mismo puede volver a ocupar su banca en la Cámara de Diputados y participar de las sesiones a través de medios telemáticos, teniendo en cuenta que no puede salir de su vivienda.
Según el juez “no existen expresiones oscuras, error material o alguna omisión en la que haya incurrido el juzgado por lo que cualquier pretensión fuera de esos presupuestos implicaría una modificación esencial en la resolución no siendo la aclaratoria la vía procesal pertinente para ello”.
El juzgado explica que -la participación de Cuevas en la sesiones- no es una cuestión simple, de mero trámite que pueda determinarse con una aclaratoria y que se debería pedir expresamente un permiso u otras medidas para que este retorne a su curul en Diputados.
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Al respecto, el abogado Santiago Lovera, defensor del diputado, manifestó que están analizando si piden un permiso especial para que Cuevas sesione o directamente solicitan la libertad ambulatoria del legislador.
El pasado mes de setiembre, un tribunal integrado por los jueces Óscar Rodríguez Kennedy, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias revocó la decisión del juzgado por medio de la cual se ratificó la prisión preventiva del diputado Miguel Cuevas, procesado por enriquecimiento ilícito.
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Ese mismo día en un veloz trámite por medios telemáticos el juzgado otorgó el arresto domiciliario al diputado. El legislador presentó una caución personal por más de G. 1.700 millones y se estableció en su residencia en Sapucái. Ahora, su intención es volver a participar de la sesiones de la Cámara Baja.
El diputado Miguel Cuevas fue imputado el 31 de julio de 2019, por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, debido a su meteórico crecimiento patrimonial. Fue a prisión preventiva el 20 de febrero pasado. Desde entonces, el legislador ha intentado salir en reiteradas ocasiones, sin éxito.
Según el tiempo de investigación que tomó el Ministerio Público, establecido entre el 2009 y el 2019, los intervinientes encontraron G. 1.700 millones de desproporción de los ingresos y patrimonios del parlamentario.
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