Bartolomé Ramón Aiba Benítez figura en la lista de beneficiarios del subsidio del 95% para la casa propia, según consta en la Resolución N° 348 de 6 de noviembre de 2018, que aprueba a los postulantes para el proyecto “Porvenir II” (valuado en G. 2.710.300.294), planteado por el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT) Luis Alberto Rubira” y que subcontrató a la constructora Ingeniería Técnica Paraguaya SRL. También aparecen sus hermanas, Fidencia y Celedonia Aiba Benítez.
Registros empresariales dan cuenta de que en la conformación de AD Paraguay SA, Bartolomé Aiba Benítez figuraba como miembro de la comisión directiva. Se trata de la empresa representada por Dina Estela Agüero González (28), firma que tiene más de 600 viviendas sociales a su cargo en lo que va de la actual administración del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUHV), cuyo titular es Dany Durand.
Consultada al respecto, Agüero indicó que “ya no pertenece al directorio” y que no recuerda con exactitud hace cuánto salió, “fue hace más de un año”, dijo días atrás a ABC. Ayer, al ser insistida acerca del vínculo, respondió: “El señor Bartolomé nunca perteneció a la comisión directiva, sí fue síndico hasta agosto del 2019. Desde hace unos meses trabaja con nosotros. Nada más que acotar” (sic).
Al verificar el número de cédula de identidad, se pudo constatar que el exmiembro de esa empresa se trata de la misma persona adjudicada con una vivienda social, que debería ser solo para personas de escasos recursos.
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ABC intentó contactar con el SAT Luis Alberto Rubira, que administró los fondos para este proyecto habitacional, pero no contestó las llamadas ni los mensajes enviados al contacto telefónico con terminación 898, que figura en los registros oficiales del MUVH.
Tampoco logramos contactar con Aiba Benítez, pero estamos abiertos a escuchar su versión. Consultado sobre el caso, el ministro Durand se comprometió a verificar cómo un directivo de una empresa fue aprobado para recibir el subsidio estatal del programa del Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonavis).
Por su parte, el director general Social del MUVH, Marcos Ruiz Díaz, explicó que se realizan controles exhaustivos a los postulantes de viviendas sociales, con la verificación de inmuebles o vehículos a su nombre, así como también de su aporte obrero- patronal al IPS. “Es imposible que un directivo de una empresa pase la aprobación, va saltar en el sistema”, expresó.
Al ser requerido si la ciudadanía podría verificar el historial de adjudicados, mediante un buscador de libre acceso, respondió que el software es de uso interno. La gente podrá requerir reportes acercándose a la oficina, dijo (pese a las facilidades existentes con la tecnología, para acceder a datos de cómo se usan los recursos públicos).
Un esquema que dificulta control
El programa Fonavis permite transferencias directas, vía rubro 800, del MUVH a organizaciones que prestan un “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, sin concurso ni control ciudadano que posibilite acompañar y denunciar anomalías en procesos. Los SAT proponen los beneficiarios y subcontratan a las constructoras, sin que exista competencia entre firmas oferentes para hacer los trabajos.