El juez Florentín encontró suficientes elementos en el marco de la investigación, a pesar de la cuestionada investigación que llevó adelante el agente fiscal Lucrecio Cabrera, este último ayudó a aminorar la gravedad del hecho asegurando que el crimen debe ser tipificado como homicidio atenuado. Enmarcado en el artículo 105, inciso 3 del código penal, cuya expectativa de pena solo va de 6 meses a 5 años de prisión.
De acuerdo a las pesquisas, el acusado Miguel Ángel Ramos, realizó disparo con arma de fuego presumiblemente calibre 38 mm, impactando en la cabeza de la víctima quien cayó desvanecido y ensangrentado al suelo. Varios testigos contaron a uniformados policiales de la jurisdicción que el crimen se produjo a raíz de una pelea entre el hijo del presunto autor y el fallecido.
Al principio, el fiscal Vicente Rodríguez Barreto, imputó por homicidio doloso a Ramos, pero cuando tomó la causa el agente Lucrecio Cabrera, cambió el curso de la investigación llegando a enmarcar la reprochabilidad del imputado en homicidio atenuado que le permitió obtener la media menos gravosa a la prisión. Sin embargo, cabrera no logró encontrar y en consecuencia determinar si el arma homicida era de portación legal, que podría constituir otro delito con alta expectativa de pena.
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Lina Villagra, madre del fallecido, denunció que familiares del presunto autor le habrían ofrecido la suma de G. 120 millones para un arreglo extrajudicial, pero al no aceptar dicha oferta, la mujer precisó que le advirtieron que de igual forma lograrían la libertad del sindicado con el pago a los fiscales y jueces; “Y yo creo que eso pasó, porque rápidamente recuperó su libertad”, aseveró Villagra.
Villagra teme por la vida de su familia, ya que tanto el acusado como sus familiares circulan permanentemente por la comunidad de Ko’ê Porã, según dijo.
Ahora se espera la conformación del tribunal de sentencia que deberá fijar fecha para la realización del juicio oral y público, instancia donde se determinará la responsabilidad o no del acusado.