La rendición de cuentas del 2019 que cuestionan estos concejales fue aprobada en febrero de este año por cinco concejales: Edgar Benítez (AP), Norma Laguardia (PLRA), Ivan Acuña, Ricardo Duarte y Cinthia Arias; estos últimos todos de la ANR, en tanto que Feltes y Rodríguez quienes integran la Comisión de Hacienda y presupuesto votaron por el rechazo.
Estos ediles encomendaron la realización de una auditoría interna con los documentos que les facilitó el Ejecutivo, alegando que varias otras rendiciones de cuenta que figuran en el informe no pudieron ser revisadas debido precisamente a la falta de documentos respaldatorios, según denuncia de los mismos.
La auditoría fue encomendada a una persona particular y entre las diferencias más significativas, según resultado final, se puede evidenciar un monto superior a los G. 1.000 millones en partidas conciliatorias de cuentas bancarias, referentes a cheques cobrados y no regularizados, pagados en conceptos de jornales, a asociaciones sin fines de lucro, viáticos y personas particulares.
Los ediles denunciantes mencionan que existe una tremenda duda en la compra de productos alimenticios para comunidades del departamento por un monto de G. 600 millones, en el sentido de que pareciera que una sola persona se encargo de falsificar las firmas de los supuestos beneficiarios que pudieron acceder a dicha ayuda.
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En la auditoría también se menciona que la Gobernación pagó por la compra de 44 tubos tipo celulares utilizados para la construcción del puente Boggiani, que une esta comunidad con Guaraní un monto de G. 638 millones y que tras consultarse precios con empresas proveedoras de este tipo de material y pago de flete incluido, se pudo detectar una diferencia de G. 344 millones.
Este puente de 21 metros de largo se inauguró a inicios de este año y tuvo un costo total de G. 1.600 millones, financiados con dinero de la emergencia de los G. 5.000 millones que recibió esta Gobernación en el 2019.
Otra supuesta diferencia significativa detectada en este informe, elaborado por el auditor Nelson Paredes, hace referencia a la compra de dos motobombas para el sistema de desagüe en Fuerte Olimpo, por el cual la Gobernación abonó la suma de G. 260 millones, y tras consultar precios con otras empresas, se pudo comprobar una supuesta diferencia de G. 170 millones.
"Con los pocos documentos que nos facilitó la Gobernación sobre el uso de combustibles y lubricantes en general, pudimos detectar una diferencia millonaria de más de G. 1.200 millones, ya que pudimos evidenciar que se hizo figurar a varias maquinarias en desuso que ya no funcionan desde hace años, y están sobre tacos de maderas en un predio de la institución, como que todavía funcionaban y donde se destinaban los carburantes, dijo el concejal Feltes.
El edil también denunció que un monto superior de G. 24.000 millones no pudo ser controlado o verificado debido a que el gobernador, supuestamente no entrego los documentos respaldatorios, finalmente ambos concejales aseguraron que el resultado de esta auditoria sera presentada a travez de una denuncia formal ante el ministerio publico, pidiendo se invistigue.
VERSIÓN DEL GOBERNADOR
El jefe departamental restó importancia a esta auditoría, alegando que para realizarse un trabajo de esta envergadura, se necesita todo un equipo de auditores contables y no una sola persona, el cual -menciona- tiene intereses políticos refiriéndose al auditor Paredes, y que está secundado por estos dos concejales.
“El concejal Erasmo Rodríguez no tiene autoridad moral para realizar este tipo de denuncias, atendiendo que el mismo fue condenado por hechos de corrupción cuando era gobernador durante el periodo 2003 - 2008, y que no pudo terminar precisamente su gobierno precisamente por dicha causa”, refirió.
Al respecto, el ahora concejal Rodríguez fue condenado en el 2009 a 2 años de cárcel por lesión de confianza y producción de documentos falsos; sin embargo fue beneficiado con medida sustitutiva y se le impuso el pago de G. 280 millones a una cuenta de la Gobernación, que lo pagó en varias cuotas.
Adorno desafió a ambos concejales a que presenten denuncia ante instituciones serias y responsables como el Ministerio Publico, si de verdad tienen documentos reales que comprueben estas supuestas diferencias de montos.
Finalmente, sostuvo que constantemente su administración es auditada tanto por la Contraloría General de la República como por la propia Junta departamental.