Un reporte del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), dependencia del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), revela que siendo titular del ente agrario Mario Vega, realizó adjudicaciones a gente que no cumple con los requisitos establecidos en las leyes N° 2531 de la institución y N° 1863 del estatuto agrario. Se trata de una serie de medidas resueltas al firmar la resolución 167 del 31 de enero del 2020, sobre ratificaciones parciales de resoluciones anteriores, anulación de títulos formulados y nuevas adjudicaciones de lotes en la colonia 8 de Diciembre de Itakyry, del departamento de Alto Paraná.
En el documento, el entonces presidente del ente agrario argumenta que las medidas las aplica con el objetivo de realizar un trabajo de titulación “a los verdaderos ocupantes” y “en forma ordenada y correcta”. Sin embargo, Vega ratificó adjudicaciones de tierras sin que los beneficiarios registren una previa adjudicación, y siquiera se constató una solicitud, en al menos 12 casos, se lee en los documentos a los que accedimos (ver facsimilar).
Entre los casos más llamativos está el que favorece a un adolescente de 16 años, P.J.V.Z., en contra de lo que establece el artículo 16 del reglamento del Indert de los requisitos, pues los beneficiarios deben ser mayores de edad.
También se registra un caso en el que el beneficiario es una persona pero en la verificación presencial apareció una adolescente, identificada como S.L.M.I., quien se presentó como “dueña” del lote, y no se le permitió firmar debido a que es menor y los funcionarios dejaron constancia de la situación.
Además, la misma normativa indica que los interesados no deben contar con antecedentes judiciales, lo cual fue pasado por alto al adjudicar a Bruno Félix Aguayo, Giuliana Abigail Insfrán Rivero, Mirna Mariela Gutiérrez Estigarribia, Nidia Noelia Mendoza Venialgo, Jorge David Arzamendia Molinas, Abringula Sebastián López Ayala, Estanislaa González Fidabel, Diego Méndez Figueredo, Virginia Figueredo viuda de Mercado, Renan Reis de Souza, siempre según el documento del SIRT.
También se detectaron casos en los que el lote estaba adjudicado a nombre de una persona y era ocupado por una extraña, que fue el caso de Delia Luiz Da Silva, entre otros similares.
Se intentó conversar al respecto con Mario Vega, pero no hubo respuesta al pedido hasta el cierre de esta edición. Vega presidió el Indert un año y él había reemplazado a Horacio Torres, salpicado por un escándalo de solicitud de coimas para otorgar títulos en el Chaco.
Curiosamente, la salida de Vega también se da tras un caso de coima que involucró a su director jurídico, Aldo León, y su jefe de Gabinete, José Luis Clerch, sus cercanos colaboradores.
Colonia integrada tras masacre
Natalia Caballero, directora jurídica del Indert durante la gestión de Horacio Torres, afirmó que había realizado una intervención en la colonia 8 de Diciembre para regularizar la situación de varios ocupantes. Al ser consultada acerca del proceso realizado y citado por Mario Vega en su resolución. Caballero indicó que a esa comunidad se le trasladó a gente que se encontraba en Curuguaty, tras la masacre, y que el entonces titular del ente, Justo Cárdenas, les había entregado documentos sin validez. Dijo que se realizó la mensura judicial y un nuevo plano, que fue aprobado por Catastro, para que así se puedan otorgar los títulos. “Fue un trabajo de la administración anterior y que ahora Mario Vega lo único que hizo fue desbaratar y adjudicar a gente que no es sujeto de la reforma”, opinó.