El 29 de octubre del año pasado, Bogado presentó una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala Penal que confirmó la condena de un año con suspensión de la ejecución de la penal.
La mayoría de los ministros de la Corte se inhibió de la presentación, atendiendo que durante el transcurso del dilatado proceso ya intervinieron de alguna forma.
Los ministros César Diésel y Alberto Martínez Simón son ahora los dos integrantes de la Sala Constitucional. El expediente ahora será remitido al fuero civil en busca del camarista que acepte conformar la Sala para analizar la acción.
La dilación de la justicia solo favorece a Víctor Bogado, quien de esta manera consigue trabar la ejecución de condena.
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El tribunal de sentencia integrado por Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina (votó en disidencia), había encontrado culpables a Bogado y la niñera de sus hijas Gabriela Quintana del hecho de cobro indebido de honorarios y los sentenció a un año y un año y medio de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena.
El fallo fue apelado y el tribunal de apelación integrado por Cristóbal Sánchez, Pedro Mayor Martínez y Mirtha González, confirmó de manera unánime el fallo de primera instancia.
Posteriormente, los ministros Manuel Ramírez Candia (preopinante), Miryam Peña (ya dejó el cargo) y el camarista Gustavo Santander ratificaron la sanción al parlamentario y Quintana.
Bogado recurrió a la Sala Constitución y gracias a eso hasta ahora no se puede ejecutar su condena.
Bogado deberá pagar la suma de G. 20 millones, de manera mensual, por el plazo de dos años. Este dinero será distribuido a 10 instituciones y totaliza G. 480 millones. Sin embargo, con la complicidad de la propia Corte no se puede ejecutar lo resuelto en un juicio oral y que fue confirmado por la Cámara y la Sala Penal.
Todo se inició el 17 de octubre de 2013, cuando nuestro diario publicó el “caso de la niñera de oro” Quintana Venialgo, quien gracias al entonces titular de la Cámara de Diputados, el colorado Víctor Bogado, intentó hacer una maniobra administrativa para burlar controles y permitir que cobre doble salario, como ocurrió.
Bogado, según la acusación del Ministerio Público, mandó contratar a Quintana en Itaipú, a sabiendas de que la misma no iba a poder cumplir funciones en la binacional, ya que era funcionaria de la Cámara Baja.
El perjuicio a Itaipú, mediante el cobro indebido, fue de más de G. 70 millones, según la Fiscalía.