La reciente renuncia como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) de Dany Durand, para no ser un “obstáculo” en la Cámara de Diputados que impida la aprobación de US$ 47 millones para la construcción de viviendas sociales como parte del plan de reactivación económica es insuficiente. La cuestión de fondo es la necesidad de transparencia de los procesos del programa a utilizarse para esos recursos, cuestionado por diversos gremios de la construcción y reclamado por diversos sectores de la ciudadanía.
El diputado Basilio Núñez (ANR), proyectista de la modificación de la Ley N° 3637 del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) para que sea sometido a la normativa de Contrataciones Públicas, Ley N° 2051, recordó que la iniciativa tuvo media sanción en la cámara baja y espera el acompañamiento del Senado, a fin de que la modificación sea aplicada en las próximas construcciones, expresó.
El legislador aclaró la importancia del programa para inyección de recursos económicos y que su objetivo es disminuir el déficit habitacional en el país; sin embargo, es necesario apuntar a transparentar el uso de los recursos públicos, un producto del impuesto de los contribuyentes, que también se aplica en caso de préstamos.
Consultado al respecto, el senador Stephan Rasmussen (PPQ) afirmó que el Fonavis necesita una revisión a profundidad. “Este y el anterior Gobierno destinaron casi todos los recursos para viviendas sociales a este programa”, observó. Agregó que el argumento de los responsables es que tiene sus ventajas, tales como que es más fácil y rápido transferir la plata, pero “esa facilidad es muy peligrosa en la burocracia estatal porque se vuelve muy subjetivo”, resaltó. “Todo lo que es transferencia de dinero del rubro 800 dentro del clasificador presupuestario es muy difícil controlar”, dijo.
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Teniendo en cuenta que se trata del programa a utilizar como uno de los pilares para la reactivación económica, con US$ 47 millones, indicó que “el Fonavis hay que hacerlo mucho más riguroso en el control, no se puede transferir simplemente millones de dólares a empresas u organizaciones civiles para que ejecuten el dinero público”.
“Es peligroso y es muy alta la posibilidad de que existan hechos de corrupción y de mala utilización de los recursos”, recalcó el legislador.
Por su parte, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA) rememoró el lapidario informe final de la Contraloría General de la República (CGR), en el que luego de analizar el descargo de los funcionarios del MUVH, concluyó que existen indicios de sobrefacturaciones, irregularidades en transferencias a organizaciones no habilitadas, entre otros aspectos que podrían ameritar una intervención del Ministerio Público.
“Lastimosamente la administración del ministro saliente (Dany Durand) era muy objetada por los organismos de control y por gremios, específicamente por la falta de transparencia y el direccionamiento de los contratos para la ejecución de obras. Esperemos que el Ejecutivo designe como titular a un técnico, que continúe el trabajo tan importante como lo es dar un techo a la gente”, manifestó.
Según fuentes consultadas, esta semana el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estaría confirmando al reemplazante de Durand, que de manera interina está ocupando el viceministro de Vivienda, Julio Samaniego, cuñado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
“Mipymes, perjudicadas”
El senador Fernando Silva Facetti mencionó que la discrecionalidad que se le dio al MUVH lo fue con el objetivo de que “sea una herramienta para potenciar el desarrollo de pequeñas empresas en diferentes zonas del país” y que, sin embargo, lo que se pudo observar en los últimos años es que un pequeño y selecto grupo de empresas amigas de las autoridades fueron las beneficiadas con millonarios contratos directos. “Casi un monopolio sobre todas las obras y muchas de ellas, conforme al último informe de Contraloría, no cumplían siquiera los requisitos establecidos por la institución”, reflexionó.
El senador Salyn Buzarquis (PLRA) coincidió en apuntar en que el programa permite que pequeñas y medianas empresas (pymes) accedan a contratos con el Estado y agregó que “va a ocurrir como en la mayoría de las instituciones donde las adjudicaciones favorecen a las grandes firmas”. También habló de la necesidad de descentralizar el esquema vigente para las adjudicaciones de obras del Fonavis y en “buscar un modelo que permita a las pequeñas empresas trabajar”.
Dinero para iniciar obras
El exministro Dany Durand manifestó que los US$ 47 millones serán destinados para iniciar las 7.300 viviendas sociales y que para concluirlas se utilizarán recursos del presupuesto 2021. La aclaración la realizó ante la observación de que la estructura de costos no calza para tal cantidad, considerando que el valor de cada casa oscila entre 35 y 40 unidades de salario mínimo, alrededor de US$ 10.000 por unidad, por lo que se llegaría a 4.700 viviendas, como máximo con el dinero pendiente de aprobación.