El secretario general del Sindicato de Funcionarios de Dinapi (Sifudinapi) denunció que la administración de Joel Talavera pagó fuera de las normativas sobresueldos a más de 40 empleados de la institución, por lo que solicita que intervenga la Contraloría General de la República (CGR).
Colmán argumentó que dicha irregularidad puede constatarse en la planilla de salarios de 2018, que es información pública.
El sindicalista también reclamó que la administración de Talavera cometió otras arbitrariedades en relación al pago de sueldos, por lo que su gremio pidió a la Secretaría de la Función Pública que intervenga en las categorías salariales.
“En este caso, es debido a la distribución de fuentes de financiamiento de salarios, de Fuente 10, recursos del Tesoro de Hacienda, nos pasaron a Fuente 30 Recursos Propios de Dinapi, sin asidero legal, a aproximadamente 75 funcionarios de carrera y con eso no podrán concursar para cargos superiores, quienes tengan ese interés”, cuestionó.
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Iniciaron proceso concursal
Por otra parte, presionado por un amparo judicial presentado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial del Paraguay, el titular de Dinapi Joel Talavera reunió ayer a las 16:00 a la comisión interinstitucional para impulsar el proceso concursal para ocupar los cargos de tres direcciones generales técnicas de la institución.
El cargo de director general de Propiedad Industrial se encuentra vacante hace 5 años y 4 meses y los de director general de Derecho de Autor y de Observancia lo están hace 2 años.
Eso se dio además en el contexto de una carta abierta al presidente Mario Abdo Benítez, por parte de los agentes de propiedad intelectual, en la que acusan a Talavera de ser “una vergüenza nacional, por estar por encima de la ley”. Según los mismos, las designaciones de Fernando Garcete Sander, Berta Dávalos y Óscar Elizeche Landó, como directores generales interinos de la Dirección General de Observancia, de la Dirección General de Propiedad Industrial y Encargado de Despacho de la Dirección de Derecho de Autor, respectivamente, son ilegales.
En contraparte, el titular de Dinapi, Joel Talavera, replicó ayer que las designaciones de Garcete, Dávalos y Elizeche son legales por ser cargos de confianza, pero no respondió a nuestra consulta sobre los aparentes pagos irregulares en el ente.