El titular de la Essap, Natalicio Chase, figura como representante legal de la empresa Jónica, contratada por el MOPC por casi G. 8.000 millones para la construcción de caminos en el Chaco. La ley de la función pública prohíbe a los funcionarios administrar empresas que tengan concesiones o sean contratadas por el Gobierno.
Frente a esta situación, la DNCP pidió documentos a la empresa adjudicada y al MOPC para determinar si hubo o no interferencia o tráfico de influencia en la licitación ganada. Seitz contó este lunes en conversación con ABC que Jónica acercó toda la documentación actualizada (en que Chase sigue figurando como su representante legal). El MOPC debe responder este lunes como parte del plazo máximo exigido por el ente contralor.
“Se comprometieron a responder hoy (MOPC); estamos esperando”, sostuvo Seitz.
Para el encargado de Contrataciones, hay “huellas documentales” que se van dejando en el proceso de licitación y estas permitirán saber si en realidad Chase, como parte del Gobierno, tuvo alguna injerencia o influencia en el llamado ganado.
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“Hay huellas documentales fuertes que se van dejando (…) Ese contraste de documentos, de fechas, de poderes, de documentos que se informan sobre las sociedades nos permiten hacer una trazabilidad segura de quién verdaderamente está a cargo de la empresa”, aseguró.
Chase sigue figurando como el representante de Jónica en el portal de Contrataciones. “No tengo nada que indique que hayan cambiado. El hecho de que se cambie y se actualice el portal no significa que se deje de investigar”, concluyó Seitz.
El titular de la Essap, Natalicio Chase, figura como representante legal de una firma contratada por el MOPC por casi G. 8.000 millones. La ley de la función pública prohíbe a los funcionarios administrar empresas que tengan concesiones o sean contratadas por el Gobierno.
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Seitz recordó que la ley de la función pública prohíbe a los funcionarios públicos, en su artículo 60, representar, administrar, dirigir, asesorar o llevar adelante cualquier acción directa al frente de empresas que tengan concesiones o sean proveedores o contratistas del Estado. También informó que Chase no firmó el contrato entre Jónica y el MOPC.
Siguiendo con el tema de las incompatibilidades, Seitz sostuvo que actualmente hay una “laguna peligrosa” en la ley de Contrataciones Públicas que no impide que autoridades de cargos electorales sean propietarias o accionistas de empresas proveedoras del Estado, pese a que ocupan puestos de mucha relevancia.