La diligencia debía realizarse ante el juez Raúl Florentín y fue suspendida por séptima vez. En octubre pasado ya se había postergado a pedido del fiscal Diego Arzamendia, quien solicitó tiempo para interiorizarse del expediente judicial.
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“Se presentó una constancia de que el mismo y su esposa están en aislamiento ante la sospecha de que pueden estar contagiados por el virus del COVID-19 y en ese contexto hay todo un protocolo sanitario que se debe cumplir”, manifestó el abogado de Rivas, Enrique Kronawetter.
“Aclaro: no es que ya se les hizo la prueba y dio positivo, sino que la esposa del chofer está en pleno proceso de evaluación y como ellos tuvieron contacto directamente tienen una constancia de la Dirección de Vigilancia Sanitaria con respecto a que se debe cumplir con un protocolo de aislamiento”, explicó.
Ante la consulta de si no se podría hacer la audiencia por medios telemáticos, Kronawetter señaló: “El aislamiento es protocolar, deben estar aislados por 14 días y yo no me puedo ir junto a él (Rivas). Así dice la ley que autoriza la realización de audiencias por medios telemáticos”, alegó.
Por medio de chicanas, Rivas sigue evitando la realización de su audiencia preliminar:
-26 de diciembre de 2019: Rivas presentó certificado de reposo
-10 de febrero de 2020: Rivas designó como nuevo abogado a Víctor Gulino
-24 de febrero: defensa presentó un recurso de reposición
-17 de agosto: defensa volvió a plantear un recurso de reposición
13 de octubre: Rivas designó como nuevo abogado a Enrique Kronawetter
27 de octubre: por pedido del nuevo fiscal de la causa Diego Arzamendia
13 de noviembre: por aislamiento preventivo del diputado
Tomás Rivas fue imputado y acusado por estafa, en calidad de autor, y cobro indebido de honorarios, como cómplice.
El fiscal Luis Piñánez había solicitado una sanción por las continuas suspensiones, por litigar de mala fe; por este motivo, la defensa de Rivas recusó a Piñánez y asumió como nuevo fiscal de la causa Diego Arzamendia.
Por otro lado, el 28 de agosto pasado, el tribunal integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Wilfrido Peralta y Fabián Escobar condenó a los tres “caseros de oro”: Reinaldo Chaparro Penayo, a 3 años; Lucio Romero Caballero y Nery Franco González, a 2 años y seis meses de cárcel por el delito de estafa.
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Los tres caseros cobraron salarios de la Cámara de Diputados desde julio de 2016 hasta febrero de 2017, sin haber cumplido funciones en la sede legislativa.