La DNCP ya había hecho observaciones de irregularidades al MOPC, respecto al llamado en cuestión, las cuales no fueron corregidas, por lo que a través de la resolución N° 5357/20, Contrataciones inició una investigación de oficio.
En la primera nota, con fecha del 11 de noviembre, la Contrataciones resaltó que en el llamado del MOPC no se observan los documentos respaldatorios que establece la resolución de la DNCP N° 1890/20, que regula la estimación de precios en los procedimientos de contratación pública. En el mismo escrito, la DNCP señaló a Obras Públicas que considerando que la vigencia del contrato será desde el 1 de enero de 2021, el llamado cuenta con presupuesto 2020, lo que significa que la convocatoria debería de ser “ad referendum” al presupuesto 2021.
En ese sentido, recordó a la convocante que la Ley N° 1535/99 de la administración pública establece que “el cumplimiento de las obligaciones financieras será simultáneo a la incorporación de bienes y servicios”.
Obras Públicas no cumplió con las mencionadas observaciones de la DNCP, por lo que la entidad volvió a remitir otra nota a la institución, con fecha del 16 de noviembre, en la que reiteró que “no se observan los documentos respaldatorios los cuales fueron considerados para la elaboración de los precios de referencia” del llamado en cuestión.
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Además, nuevamente reiteró que la vigencia del contrato será desde el 1 de enero del 2021, pero que el llamado cuenta con presupuesto 2020 “siendo que debería de ser ad referendum al Presupuesto 2021”. La DNCP dejó en claro que la licitación se publicó recordando a la convocante “la absoluta responsabilidad de la misma ante eventuales consecuencias del procedimiento licitatorio en las condiciones establecidas.
“Que, de las observaciones realizadas por la Dirección de Normas y Control ingresada como caso Nº 656 se desprende que existen indicios de irregularidades en el procedimiento de licitación en cuestión. Por lo que este Juzgado de Instrucción considera oportuno actuar en al ámbito de sus competencias, a fin de investigar según el Artículo 82° de la Ley N° 2051/03 – modificado por el Art. 1 de la Ley N° 3439/07– que otorga a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la facultad de investigar de oficio, a fin de verificar que los actos de los procedimientos de contratación se ajustan a las disposiciones de la Ley”, resalta la resolución de la DNCP (ver la resolución de abajo).
Vale señalar que, según los documentos de la licitación, cuya apertura de ofertas se realizará el 4 de diciembre próximo, la cartera destinará G. 1.000.000 mensuales por el seguro de cada funcionario, durante 24 meses, que es la duración que tendrá el contrato, de acuerdo a los datos publicados en el portal de la DNCP. Se prevé el seguro médico y odontológico para 4.000 funcionarios.
En plena pandemia y cuando se están recortando los recursos para las obras viales, los funcionarios de la institución siguen con importantes beneficios que corren por cuenta de la ciudadanía.