Juez revoca su disposición y otorga prisión domiciliaria a concejal de Mbuyapey

ACAHAY. El juez de Garantías Interino de Carapeguá, Guillermo Ortega, hizo lugar al pedido de medidas sustitutivas a la prisión solicitado por la defensora María Elena Génez, a favor de los imputados la concejal liberal Mirian Elizabeth Martínez y el ex administrador de la Facultad de Filosofía UNA, Eduardo Espínola Ayala -quien fue condenado por el desvío de G. 178 millones de la universidad.

La pareja, una vez liberada, posa sonriente para la imagen que luego compartieron en las redes sociales, cuando retornaban a Mbuyapey.
La pareja, una vez liberada, posa sonriente para la imagen que luego compartieron en las redes sociales, cuando retornaban a Mbuyapey.

Ambos están procesados por “lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y abusos de documentos de identidad”. El pasado 22 de noviembre en una llamativa resolución, el juez se allanó al pedido fiscal de prisión preventiva, pero dispuso que la pareja, profesionales contadores, Espínola Ayala y la concejal Martínez, guarden por 10 días reclusión en la Comisaría 1era. de Ñuatí a disposición del juzgado.

Dicho tiempo fue aprovechado por los imputados y por el fiscal Rodolfo Hiram Colmán de la Unidad II de Carapeguá, para solicitar la revisión de medidas y hoy, día en que el plazo se cumplía para que sean trasladados a la Penitenciaría de Misiones, el juez Ortega revoc su anterior disposición y los beneficia con prisión domiciliaria.

La concejal Martínez junto a su esposo Espínola Ayala están involucrados en el hecho de supuesta creación de empresas fantasmas que figuran como proveedoras de la Municipalidad de Acahay. Se presume que el perjuicio a la Comuna supera los G. 13.000 millones.

Sobre la misma causa, en uno de los varios allanamientos realizados por una comitiva fiscal policial, a cargo del fiscal Rodolfo Hiram Colmán, fue detenido el tesorero de la municipalidad local, Vicente Torres Sanabria, quien sigue detenido y con medida de prisión preventiva.

Asimismo, se había allanado la vivienda del intendente de Acahay, Alcides Sosa Báez. El jefe comunal está imputado por el presunto hecho de “lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal”.

La imputación se da ante la denuncia presentada por los denunciantes Melquiades Ayala Ortiz, Aldo Ayala González y Rubén Benítez, todos ellos domiciliados en el distrito de Mbuyapey. Los afectados presentaron la denuncia luego de que el Ministerio de Hacienda haya cancelado la transferencia del subsidio de Adultos Mayores de Ayala Ortiz, porque el mismo figuraba como propietario de empresas constructoras con frondosas ganancias.

La defensa de Ayala González querelló a la pareja de contadores.

Denunciante recibe amenaza

El joven Aldo Ayala González presentó hoy una denuncia en la Comisaría de Mbuyapey contra el hijo de la pareja de procesados porque teme por su vida y la de su abuelo quien es también denunciante, ya que en el juzgado de Carapeguá fue amenazado por Eduardo Alexander Ayala Martínez.

Ayala Martínez advirtió al denunciante Ayala González que se iban a encontrar en Mbuyapey y que “se cuide”. El denunciante expresó que “los responsabiliza de cualquier cosa que le pueda pasar a él o a su familia” ya que residen en el mismo barrio y ciudad.

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