SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La Junta Municipal rechazó ayer la adjudicación a la empresa Lakmi SA, de Pablo Antonio Aguilar, para la provisión de kits de alimentos a familias de escasos recursos, con los fondos de Royalties.
La adjudicación fue realizada por el intendente acusado Raúl Mendoza Ramos (PLRA) pese a ser la oferta más cara. También se le cuestiona haber modificado de forma unilateral un ítem del pliego de bases y condiciones para favorecer a dicha firma que es actual proveedora de la Comuna.
En la sesión virtual, la concejala y pareja del intendente, Lourdes Espínola, presentó un dictamen por la aprobación de la adjudicación pero fue rechazado por siete ediles. “Cuestioné la adjudicación a la oferta más cara y además se modificó la adenda aprobada por la Junta y se rechazó por siete votos y llamativamente la concejal Lourdes Espínola, quien propuso la aprobación, se desconectó de la sesión justo a la hora de votación”, expresó el legislador Ramón Palacios, independiente.
Se abstuvieron de votar los ediles liberales Lina Coronel, Víctor de la Cruz y Édgar Arias todos del grupo fiel del jefe comunal.
“Nadie del grupo del intendente votó a favor del dictamen de aprobación, eso nos da la muestra de que nadie quería hacerse cargo de este nuevo atropello y yo resalté de que la licitación es para buscar una mejor oferta”, expresó Palacios.
El jefe comunal adjudicó a la empresa con el precio más alto, Lakmi, que presentó oferta de G. 1.220.178.000. La menor oferta fue de la empresa Marchela SA, de Misael Danilo Torres con G. 954.441.000, y la tercera, fue del comercial Clarimar, de Saturnina Miguela González de Varela con G. 1.209.570.000.
La Intendencia llamó a licitación por la vía de excepción para la compra de kits de alimentos con recursos de royalties para unas 6.000 familias de escasos recursos y afectados por la pandemia del covid-19.
Mendoza actualmente está acusado por la Fiscalía por supuesta lesión de confianza por un faltante de más de G. 715 millones y el próximo 14 de diciembre tiene una audiencia preliminar para definir si el caso se elevar el caso a juicio oral y público, y cuándo se hará.