La fiscala Esmilda Álvarez, quien está interinando las investigaciones del caso metrobús, señaló ayer a ABC que no “congeló” el citado caso y que las diligencias están muy avanzadas, a más de dos años y siete meses de presentarse la primera denuncia ante el Ministerio Público. Mencionó que “ya no pasará mucho tiempo” para identificar a los responsables del fracasado proyecto y que, antes de que termine el año, pretenden realizar una pericia en los tramos que fueron intervenidos.
Sin embargo, las evidencias de algunas construcciones realizadas -en el trayecto adjudicado a la firma portuguesa Mota Engil- ya fueron derrumbadas por la actual administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Vamos a mirar qué es lo que hay ahí, porque tenemos informaciones como que eso, aparentemente se tapó, ya por autoridades del ministerio actualmente. Son informaciones no oficiales, pero pedimos informes. La pericia queremos hacer antes de terminar el año, esa es la pretensión que tenemos”, expresó Álvarez.
Siguió: “A nosotros nos llama la atención, porque definitivamente las obras que se hicieron fueron derrumbadas, echadas, tapadas, o lo que sea, por el ministerio actualmente”.
Sobre el avance de las pesquisas indicó que ya realizaron “muchísimas” diligencias, principalmente pedido de informes. “La próxima cuestión que se llevará adelante será la pericia sobre lo construido. Realmente hay que ver qué se construyó, si hay coherencia con lo que se pagó, que es básico y fundamental. Hay muchas diligencias que hay que realizar, estamos avanzando, lo que ahora será determinante será la pericia”, insistió.
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Al ser consultada sobre los retrasos en las investigaciones, aseveró que se trata de un tema bastante complejo. “Estoy trabajando en eso, no es que estoy congelando ni mucho menos; al contrario, estamos trabajando en la causa. No va a pasar mucho tiempo para que tomemos una decisión con respecto a las responsabilidades que puedan surgir de todas las investigaciones”, dijo.
Por otro lado, la fiscala señaló que también están analizando las subcontrataciones que llevó a cabo la empresa Mota Engil, pese a que su contrato lo prohibía. “Estamos viendo una situación que es muy complicada, que tenemos que ver cada parte, porque también están las empresas subcontratadas, siendo que en el contrato inicial no tenían autorización de subcontratar a tantas empresas, donde se tienen responsabilidades aparentemente de Mota Engil”, expresó la agente.
Suman y siguen los gastos por la obra inexistente
El MOPC ya ha desembolsado más de US$ 50 millones por el inexistente metrobús y este monto deberá ser devuelto, con intereses, por la ciudadanía. De esa cifra, US$ 30 millones fueron anticipos y otros pagos a Mota Engil, que apenas completó cerca del 30% de la obra, y lo demás se dilapidó en consultorías, asesorías y “fiscalización”. A esto se suma ahora que la cartera quiere contratar otro servicio de asesoría jurídica para responder a la demanda de Mota contra el Estado Paraguayo, a resolverse en un arbitraje; pretende pagar casi G. 24.000 millones, en un llamado cuyas ofertas se prevén abrir esta mañana.