La investigación fiscal se inició luego de la denuncia promovida el 17 de junio de 2020 por la señora Marcia Cuevas, en su condición de gerente general de la empresa Arcallana SA, por la supuesta comisión del hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, en contra de la escribana pública Duarte Franco.

La imputación del Ministerio Público señala que el 20 de enero de 2020, Belarmino Fernández, en su condición de representante legal de Arcallana SA, firmó un contrato de compraventa de un inmueble en el distrito de Santísima Trinidad, identificado con la cuenta catastral N° 15-0441-06, con los representantes de la firma Iwoka SA, Elizabeth Maura López y Natalia María Ferreira López, para lo cual se abonó el precio correspondiente de G. 2.695.300.000.

Además se pagó los honorarios profesionales de la escribana.

Como se estaba dilatando la transferencia e inscripción de la propiedad en los Registros Públicos, se solicitó informes al Servicio Nacional de Catastro, que informó que no emitió el certificado catastral N° 12.542 para la protocolización del acto jurídico de compraventa del inmueble, formalizado en la escritura pública N° 10 del 5 de febrero de 2020 por la escribana Duarte Franco.

La causa está a cargo de la jueza penal de garantías Nidia Letizia Paredes. El Ministerio Público requirió medidas alternativas para la escribana.