El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió ayer una sola oferta en el marco de la cuestionada licitación, por vía de la excepción, “para la contratación de los servicios de asesoramiento y representación legal en los arbitrajes internacionales promovidos contra el Estado paraguayo” (ID 388.172).
En este caso, solo se presentó el grupo francés Dechert LLP, que propuso ofrecer este servicio por nada menos que US$ 3.401.326. En el acto de apertura ningún representante de la firma participó, debido a que solo dejaron su oferta por mesa de entrada. Desde el MOPC explicaron que no es obligatoria la participación de los representantes de la compañía.
El único oferente está conformado por abogados de gran prestigio, según sostuvo la Cartera, y señaló que ellos colaboran con colegas de Europa, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio, que están estructurados en transacciones corporativas y financieras, asesorías en una amplia gama de regulaciones, asuntos antimonopolio y laborales y disputas a través de litigios o arbitrajes.
El llamado del MOPC es justamente para “atender” el arbitraje del fracasado metrobús, contra la firma portuguesa Mota Engil y, además, otro caso contra la firma Serviam SA Sucursal Paraguay (con matriz en Uruguay), que también demandó al Estado en el extranjero, por obras fallidas de la ruta PY09.
Este millonario gasto, que tiene financiación de recursos del Tesoro (fuente 10), se realizará a pesar de que tanto la Procuraduría como el MOPC tienen un “ejército” de abogados en sus diferentes direcciones, justamente para atender este tipo de casos, pero al parecer no son suficientes, y optan por seguir dilapidando recursos públicos.
Los casos que representará
Si es adjudicado, Dechert tendrá que asesorar en el primer arbitraje internacional “ad hoc” al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil, excontratista del metrobús, que sigue su curso. Este mes le tocará al Estado paraguayo demandar a Mota ante el mismo tribunal que fue conformado, por lo que “la asesoría de expertos será fundamental”, había defendido el procurador, Sergio Coscia, cuando se le consultó sobre la contratación. Este arbitraje se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominado Uncitral, por sus siglas en inglés.
El proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota Engil buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato. La firma reclama en este proceso US$ 25 millones por los supuestos daños que le causó el metrobús, pese a que ya cobró US$ 30 millones por avanzar solo el 30% de las obras.
Respecto al segundo arbitraje contra la firma Serviam, Coscia aclaró que se trata de una firma que había ganado una licitación, para mantener la ruta PY09 en 2016, pero que no pudo ejecutar la obra por problemas que surgieron. Sin embargo, reclamó cobrar los montos de su contrato en un arbitraje internacional. No se sabe en qué instancias se encuentra este proceso, ni cuánto reclama esta firma, lo que se consultó en el MOPC, pero no se tuvo respuestas.