El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), anunció que el martes 15 de este mes, en sesión extraordinaria, será interpelada la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez.
Los diputados cartistas dieron una semana de respiro a la ministra con el único fin de incorporar más preguntas al cuestionario que se le hará. Su objetivo sería aprobar a toda costa un voto de censura. Las consultas giran en torno al enfoque de género y el financiamiento del Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2020-2024.
Entre las principales 15 nuevas consultas que se incorporan al cuestionario, se pregunta a la ministra qué rol asigna el Ministerio de la Niñez a las ONG y entes de origen extranjero en la orientación de la política de la niñez y adolescencia.
Asimismo, consultan si en la elaboración del Plan Nacional 2020-2024 existe el compromiso que obligue a nuestro país a incorporar la palabra “género” bajo pena de recibir sanciones, y de qué tipo serían.
También consultan si el informe de interculturalidad consignado en la página 132 del Plan Nacional contempla las orientaciones sexuales diversas y a qué se refiere.
Le piden que explique el significado de “infancias trans” conforme al documento Infancia y Género, Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la OEA, donde Martínez es actualmente vicepresidenta.
Preguntan a la ministra cuál es la necesidad de utilizar el término género y no la igualdad entre hombre y mujer que se halla en la Constitución Nacional y las leyes nacionales.
Consultan acerca de qué el Plan Nacional contempla que, para 2024, será aplicado en al menos 5 departamentos el Programa de Educación Sexual Integral. Le piden a la ministra que explique a qué programa de educación sexual integral se refiere.
La ministra también será interpelada si el Plan Nacional está ligado a la donación de 86 millones de dólares de la Unión Europea y el programa social “Vamos”. Asimismo, sobre el control a una donación de Unicef de US$ 5 millones que pretende finalmente destinar 25 millones de dólares, según noticias publicadas en la web de Unicef.
El Ejecutivo, a través de su vocero, Daniel Centurión, respaldó a Martínez y consideró que hay una intención electoralista en esta movida.