A pesar de estas, el juez Miguel Riquelme ordenó el desalojo de los legítimos propietarios y la entrega de 500 hectáreas a un docente de Mayor Otaño, de nombre Roberto Benítez Báez.

El expediente manejado por el juez Riquelme se encuentra en estudio en el tribunal de apelaciones de Caazapá. Presentó un escrito diciendo a la Cámara que “quería verificar el documento” y pidió el expediente por un plazo de 72 horas. En ese ínterin libró la orden de desalojo, con fecha 10 de diciembre último.

El expediente en torno a la propiedad de los Kaufnmann está en estudio en el tribunal de apelaciones, por lo tanto, el juzgado de Miguel Riquelme se encuentra fuera de la causa; a pesar de ello, tomó determinaciones.

La misma tarde del jueves último, un oficial de justicia se presentó en Encarnación pidiendo a la jefatura departamental de la Policía apoyo de la fuerza pública para dar cumplimiento a la orden del juzgado de Yuty.

El caso que involucra al juez Miguel Riquelme es muy particular: la Dirección General de Registro Público presentó una denuncia a la Fiscalía General del Estado por falsificación de título. La firma Barcos SA tiene un título de propiedad falso y con este documento se pretende desalojar a la familia Kaufnmann, legítima propietaria.

El Registro Público detectó la falsedad del documento de Barcos SA que se origina con la firma de un muerto. También intervino la Dirección General de Registro Civil para confirmar que el ciudadano que firmó el título está muerto, por lo tanto, es falso el documento.

Y ahora, el juez Miguel Riquelme interviene en un proceso que está en estudio en el tribunal de apelaciones de Caazapá, luego de ignorar y violentar las medidas cautelares dictadas por la jueza Mafalda Cámeron, de Asunción.

El juez Miguel Riquelme está siendo investigado en estos momentos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora se suma a sus intervenciones el uso indebido de un expediente en el cual no tiene parte.