Una sociedad de profesionales del derecho se apropió de unas 10.000 hectáreas en 10 años. Cometen despojos mediante respaldo político y el uso de informaciones del sistema judicial. Un inmueble obtenido por medio de argucias fue vendido al Indert por G. 21.000 millones. Uno de los abogados y quien sería el líder del grupo fue imputado por supuesta falsificación.