Juezas del caso Portillo se inhiben y la Corte debe definir

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El proceso al acusado diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista) se encuentra varado por inhibiciones de juezas.
El proceso al acusado diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista) se encuentra varado por inhibiciones de juezas.Archivo, ABC Color

A raíz de una serie de excusaciones de jueces, la Corte Suprema de Justicia será la que definirá quién será el camarista que integrará el Tribunal de Apelaciones encargado de estudiar un recurso del Ministerio Público sobre los audios filtrados. Corresponde a la causa del diputado Carlos Portillo Verón (PLRA, efrainista), acusado por tráfico de influencia.

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El Tribunal de Apelaciones Segunda Sala está integrado originalmente por: Efrén Giménez, Nidia Fernández y Mirian Meza de López. Pero esta última se inhibió de entender en la causa del acusado diputado de Alto Paraná Carlos Portillo (PLRA, efrainista). Alegó una causal de excusación y, en su reemplazo, fue asignada la camarista Graciela Ortiz, quien a su vez impugnó la inhibición de su colega Meza de López.

En este contexto, la Corte Suprema de Justicia será la que tendrá la última palabra para definir si Ortiz o Meza completarán el Tribunal de Apelaciones, que analizará un recurso de la fiscala Liliana Alcaraz de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El 10 de septiembre pasado, la fiscala Alcaraz apeló una resolución de la jueza Cinthia Garcete por la cual se excluyen importantes pruebas incriminatorias contra el legislador liberal como las grabaciones de las conversaciones.

Según la magistrada Garcete, los audios fueron obtenidos de forma ilegal al sostener que no se contaba con autorización judicial para la grabación. Sin embargo, la fiscala Alcaraz rechazó el argumento de la jueza y resaltó que no se trata de una interceptación telefónica.

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“...En cuanto al artículo 36 de la Constitución Nacional -este- expresa en sentido general la protección de las comunicaciones que pertenecen a la esfera privada, y, a todas luces analizando el contenido de las comunicaciones entre Auda Fleitas y Carlos Portillo, ellas no se circunscriben al ámbito privado, sino por el contrario, el acusado, quien ejerce una función pública, invoca tener influencias en magistrados del Poder Judicial para que estos resuelvan en determinado sentido, a cambio de dinero...”, reza parte del escrito de apelación fiscal.

El diputado Portillo soporta un proceso penal tras la difusión de unas grabaciones atribuidas al parlamentario, en las que este supuestamente pidió 3.000 dólares a la contadora Auda Fleitas (investigada en un caso de estafa) a cambio de obtener una resolución favorable en el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este.