Con total sigilo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó en octubre último un nuevo decreto (Nº 4183/2020) que modificó la reglamentación de la Ley 5102/13 de Alianza Público-Privada (APP), con lo cual se deja sin efecto la regulación que dispuso en su momento el expresidente Horacio Cartes (Decreto Nº 1350/14).
En este caso, se agregaron varios puntos para que la normativa sea más “atractiva” a los inversionistas, según fuentes de las instituciones involucradas. Sin embargo, se teme que estos cambios puedan direccionar los planes a los intereses de las empresas y no del Estado paraguayo.
Por ejemplo, uno de los cambios más significativos es que a partir de ahora se exige la precalificación obligatoria de las firmas interesadas en los proyectos, que una vez precalificadas, podrán hasta proponer borradores de pliegos y modelos de contrato a su conveniencia. En el decreto anterior, la precalificación era opcional.
En este sentido, en el artículo 44 de la normativa en cuestión, al que accedió nuestro diario, se estableció el procedimiento de consultas y recepción de propuestas de mejoras, adiciones o ajustes con los precalificados, y armonización técnica de propuestas, que denominan como “diálogo competitivo”.
“Será obligatoria la realización de un procedimiento de consultas y recepción de propuestas de mejoras, adiciones o ajustes a los pliegos de bases y condiciones o proforma del contrato con los precalificados, quienes podrán ser acompañados por sus potenciales financistas en el periodo transcurrido entre el llamado a precalificación y el llamado a licitación”, reza en el escrito.
También se dio una mayor participación al Ministerio de Hacienda, que a través de la Dirección General de Inversión Pública, tendrá a su cargo la evaluación de los proyectos APP en las distintas etapas de presentación de los mismos, como así también otras evaluaciones relevantes (análisis de riesgos, evaluación de la oferta económica, revisión del estudio de valor por dinero y del modelo económico-financiero, entre otros).
“El modelo inglés”
Justamente, el decreto tiene su origen en las solicitudes que realizó Hacienda y el director general de Inversión Pública, Facundo Salinas, quien manifestó ayer que no se puede hablar de direccionamiento al exigir la precalificación. “La precalificación es una buena práctica internacional no solo en el Reino Unido y países de Latinoamérica. Es una
recomendación del Banco Mundial y una lección aprendida en Paraguay, donde la Contraloría, en el caso del aeropuerto (fallido APP del Gobierno anterior) observó que no se había hecho precalificación y que debía hacerse”, expresó.
Agregó que esto es una forma de asegurar que empresas con capacidad financiera técnica y legal compitan. Respecto a que se le dé a las empresas la posibilidad de pedir cambios del pliego o el modelo de contrato, resaltó que “es una buena práctica que también viene del modelo inglés” y que se trata de un “un testeo”, pues según afirma, “no importa lo que digan las empresas en el sentido que no es obligatorio”.
Estos cambios se dan justamente cuando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está proyectando obras por US$ 1.430 millones a través de la ley APP (infografía).