Tras el escándalo del acuerdo secreto que firmaron la Procuraduría y Petropar con la empresa argentina Texos Oil SRL, representada por Sergio Guillermo Marsiletti, con el cual pretendieron pagar US$ 7 millones a la compañía extranjera, para finiquitar una demanda que esta presentó contra el Estado, aparecieron otros posibles casos de “arreglos” en la firma estatal, en los que también se pudo comprometer millonarios recursos de la petrolera.
Según fuentes de Petropar, con el liderazgo del director jurídico, Alberto Mendoza, que ya venía asesorando a la institución desde la administración de la extitular del ente, Patricia Samudio, se volvió una práctica común la “extinción” de demandas con millonarios acuerdos extrajudiciales.
De acuerdo con nuestras fuentes, por ejemplo, se llegó a un acuerdo de casi US$ 1,5 millones con la empresa Engineering SA y US$ 600.000 con Mercopar, que son proveedoras que demandaron a Petropar en su momento, además de otros casos. La primera de las firmas mencionadas es conocida como la “superproveedora” de este Gobierno, debido al sideral aumento de sus contratos en diferentes rubros.
Según los datos, Mendoza habría apartado a todos los actores que estaban involucrados en los casos judiciales de Petropar y, a escondidas, presuntamente definió los millonarios convenios extrajudiciales. ABC intentó contactar ayer con el alto funcionario, para consultarle sobre estos acuerdos, pero no se tuvo respuestas.
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Días pasados, el asesor jurídico inclusive defendió el acuerdo con Texos Oil y señaló que administrativamente Petropar se quedó en falta porque no firmó el contrato que le adjudicaron a la firma de referencia en el 2009 para la compra de gasoíl y que este “error” fue confirmado en su momento por la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Dijo que ambas entidades coincidieron en que Petropar debió identificar los incumplimientos de Texos antes de la adjudicación y no después como lo hizo.
Renunció Coscia y Denis Lichi sigue en silencio
Tras el escándalo de Texos, el procurador Sergio Coscia renunció al cargo el jueves último. La anulación del convenio con la firma argentina (que aquel solicitó justamente con Mendoza) no fue suficiente para que el alto funcionario siga en el cargo y, según trascendió, el propio presidente Mario Abdo Benítez le pidió su dimisión.
Empero, el titular de Petropar, Denis Lichi, que también firmó el acuerdo secreto, sigue en silencio en esta polémica y no se sabe aún si continuará al frente de la petrolera estatal. Lo cierto es que no se hace encontrar, pese a que nuestro diario lo viene buscando desde el miércoles último, para tener su versión sobre el golpe millonario contra el erario que casi consumaron.
“Ante la confusión instalada en torno a un proceso judicial y a los efectos de precautelar mi imagen e integridad, la de mi familia y la del Gobierno, en la línea de pensamiento que siempre mantuvimos con este proyecto, he decidido dar un paso al costado”, indicó el saliente procurador en sus redes sociales.
Se le consultó ayer a Coscia si su dimisión ya fue aceptada por el Ejecutivo, pero optó por pedir un “descanso” para responder a la prensa. En el departamento de Comunicaciones de la institución indicaron que el procurador saliente daría su informe de gestión el lunes, pero no dieron más datos.
También se intentó consultar al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, si ya barajaban nombres de posibles reemplazos de Coscia, pero tampoco respondió.
Sustituto de Coscia se define hoy o mañana
El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni, refirió que durante este fin de semana (hoy o mañana) el Poder Ejecutivo tomará la decisión sobre el reemplazante de Coscia y que está evaluando el perfil de dos personas. Sin embargo, no quiso dar los nombres de los candidatos. “Me pidió el Presidente que se mantenga en reserva, para evitar que se manosee a las personas, pido disculpas”, expresó el ministro.
Antecedentes del caso Texos Oil
Texos Oil SRL ganó un concurso de Petropar el 10 de diciembre de 2009 (durante el gobierno de Fernando Lugo), tras haber presentado la “mejor” oferta para el suministro de gasoíl (en una subasta a la baja electrónica), pero después resolvieron anular la adjudicación y Petropar alegó que no quería suscribir un contrato de US$ 68.000.000 con una empresa que poseía un capital de solamente 10.000 pesos en la Argentina.
Al no concretarse la firma del contrato, la empresa demandó al Estado paraguayo en Argentina, donde la causa no prosperó (por excepción de competencia territorial), por lo que el caso se trajo a los tribunales locales en 2011. La fallida adjudicación fue para comprar entre 21.000 m³ y 42.000 m³ de gasoíl para ser entregados en camiones hasta Villa Elisa y Hernandarias, de acuerdo con los datos del proceso licitatorio.