El nombre de Raúl Silva Busto, alto funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), estuvo ligado a algunos de los mayores escándalos de corrupción en el proceso de compra de insumos para la lucha contra el coronavirus.
Días atrás, el exsenador colorado Nelson Argaña presentó una denuncia en el Ministerio Público contra Silva Busto, precisamente por sus supuestos vínculos con el caso.
A pesar de haber estado directamente ligado a los procesos de compra de insumos para la lucha contra el coronavirus y de que existe una sentencia judicial que ordena a la Contraloría General de la República hacer públicas TODAS las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, el ente de control sigue sin hacer públicas las manifestaciones de bienes del denunciado Silva Busto.
Según el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Silva cumplía las funciones de coordinador para la consecución de transporte para las compras de insumos en el marco de la emergencia sanitaria. Existe una sentencia que ordenó la publicación de las declaraciones juradas de todos los involucrados en las llamadas “compras covid”. A ello se le suma la orden judicial de dar a publicidad toda la base de datos de las manifestaciones de bienes.
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Aun así, el ente contralor sigue sin dar a conocer los documentos de Silva Busto.
El actual alto funcionario de Yacyretá fue compañero del contralor Camilo Benítez Aldana en la Sindicatura de Quiebras, donde ambos desempeñaron funciones durante años y se encargaron de algunas de las quiebras más sonadas de los últimos tiempos.
Proceso se ralentizó
La Contraloría aseguró ya hace unos meses que estaba trabajando en un proceso de aceleración de la digitalización de los 1.500.000 documentos que se deben publicar.
Seis meses después de que se iniciara el proceso de carga de las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes de las más altas autoridades del país, la Contraloría General de la República no ha publicado siquiera el 10% de todos los documentos.
La primera sentencia, que se empezó a cumplir el 24 de junio pasado, alcanzaba a unos 150.000 documentos.
Hasta anoche habían sido levantados al sitio web de la Contraloría apenas 13.302 declaraciones juradas, menos del 10% del total de la primera sentencia.