Pereira, en entrevista con ABC, recordó ayer que su sector político ya impulsó y respaldó el juicio político al presidente Abdo Benítez cuando se destapó el escándalo del acta entreguista de la Itaipú en julio de 2019.
Apuntó que posteriormente se sumaron otros hechos que ameritaban aplicar ese recurso constitucional contra el mandatario, como el caso del intento de sellar un acuerdo con PDVSA sobre una deuda en litigio y que no se concretó solamente porque se publicó en los medios de comunicación, tal como ocurrió con el caso del intento de acuerdo Abdo-Bolsonaro (caso Itaipú).
Mencionó también la actual intención del Ejecutivo de delegar el combate contra la pandemia con la compra de vacunas al sector privado, dejando de lado su responsabilidad. En cambio, varios gobiernos del mundo se ocupan directamente de un tema tan sensible para la humanidad.
Destacó que es una cuestión muy grave ya que las empresas privadas apuntan sobre todo al lucro y el costo de las vacunas (de unos G. 350.000 las dos dosis por persona) sería imposible de asumir por parte de familias que perdieron todo justamente por motivo de la pandemia. Indicó que pedirán informes del caso de la entrega de US$ 203 millones por parte de Itaipú al Brasil para supuestamente revitalizar las líneas de trasmisión a la ciudad de São Paulo y que se hizo público porque el presidente de la ANDE Luis Villordo pidió un beneficio similar para el Paraguay.
Pereira indicó que ya en oportunidad del escándalo del acta entreguista de Itaipú, en principio había los votos para iniciar el juicio (53 en diputados y 30 en Senado), pero después de algunas “transacciones” (entre Cartes y Abdo) el tema se desactivo. Sin embargo, Sixto dijo que eso no significó que el FG retrocediera en su postura. Apuntó que siguen con esa misma idea, pero dependen de los votos en ambas cámaras.
Desafían a cartistas
El senador Jorge Querey (Frente Guasu), en un tuit del martes pasado, desafió a los legisladores de Honor Colorado, en particular al senador Sergio Godoy, a que impulsen el juicio político a Mario Abdo Benítez, recordándoles que en su momento respaldaron ese mecanismo, pero finalmente no prosperó por acuerdo de cúpula.
Blindaje en la Cámara de Diputados
El juicio político para un Presidente de la República, según establece el artículo 255 de la Constitución, se debe iniciar en la Cámara de Diputados con la aprobación de la acusación por una mayoría de dos tercios (53 votos). En caso de tenerse esa mayoría, pasa al Senado que actuará de tribunal. Para aprobar la condena al Mandatario, deben reunirse una mayoría absoluta de dos tercios (30 votos). En la Cámara de Diputados, las bancadas coloradas suman 42 votos. El pacto concretado en la “operación cicatriz” entre el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartes constituye un blindaje para el primer mandatario contra el juicio político.