Ruiz Díaz había otorgado las medidas alternativas a las procesadas por falsificación de facturas que permitieron la importación de medicamentos, en asociación criminal, que posteriormente fueron comercializados sin autorización, a nivel nacional.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Marcelo Pecci y Sussi Riquelme, presentaron apelación y en el escrito alertaron de una serie de irregularidades cometidas por la jueza.
A fin de prescindir de la prisión preventiva, la magistrada Clara Ruiz Díaz decretó caución real sobre un inmueble de Fernando de la Mora, hasta cubrir el monto de US$ 1.496.759.
Sin embargo, los propios abogados defensores de Nidia Godoy Ojeda reconocieron que la certificación de condiciones de dominio del citado bien ofrecido como caución estaba vencida, sin que ello le importase a la jueza.
La situación se agrava todavía más al comprobarse que el inmueble ofrecido como “garantía” de sometimiento de Nidia Godoy Ojeda, lo es también para Patricia Beatriz Ferreira Pascottini.
“Esto genera un perjuicio inocultable a la seguridad de sometimiento personal y a la persecución penal estatal, ya que si una de las citadas incoadas se fuga, deberá ejecutarse esa caución real, que por lo tanto dejará de estar disponible para reparar la eventual falta de sometimiento a la causa, de la otra coprocesada”, señala la apelación presentada por los fiscales.
En cuanto al peligro de fuga, Pecci y Riquelme habían ordenado la detención de ambas mujeres, por resolución fiscal N° 06 del 9 de junio de 2020, con posterior comunicación a la Comandancia de la Policía Nacional. Dicha resolución siguió sin cumplirse, hasta la fecha del dictado de las resoluciones apeladas, en clara actitud evasiva de Godoy y Ferreira Pascottini.
Los fiscales calificaron de inaceptable que la respuesta jurisdiccional sea recordar una potestad normativa y no un pronunciamiento decisorio, pues “notoriamente la jueza Clara Ruiz Díaz omitió el deber de pronunciarse al respecto, excusándose simplemente en que ‘tal decisión es una facultad del órgano jurisdiccional cuando considere…’”.