CGR denunció desvíos por unos G. 100.000 millones

Mario Florenciáñez, director de rendiciones de royalties y el Fonacides en la Contraloría, confirmó ayer a ABC que en el último informe 15 intendentes incumplen la rendición de dichos fondos. Sin embargo, la cifra de denuncias y fiscalizaciones por presuntos hechos punibles es muy superior.

Indicó que actualmente hay otras 15 a 20 fiscalizaciones inmediatas en curso en ciudades de todo el país. En casi todos los casos se presentaron irregularidades que van desde supuestos “errores administrativos” hasta indicios de hechos punibles.

Recalcó que el año pasado las gobernaciones recibieron en Royalties G. 182.000 millones y G. 154.000 millones en Fonacide mientras que los municipios tuvieron desembolsos por G. 723.000 millones en royalties y G. 351.000 millones en Fonacide, todos con fondos de Itaipú.

Igualmente, el alto funcionario destacó que durante la administración del contralor Camilo Benítez, el ente ha denunciado ante la Fiscalía indicios de hechos punibles por más de G. 100.000 millones.

Entre los casos más emblemáticos y escandalosos recordó al municipio de Jesús (Itapúa), cuyo exintendente Hernán Schlender (cartista) estuvo preso por lavar dinero narco en las cuentas del Fonacide.

También a Azotey (Concepción) y su intendente Feliciano Arévalos (ANR), fallecido por covid, donde hubo presuntas obras fantasmas. Igualmente Independencia (Guairá), cuyo exintendente Francisco Chávez (ANR, HC) está preso por contrabando de azúcar en kits de alimentos.

En cuanto a las 15 intendencias que no rindieron cuentas del uso de royalties y el Fonacide durante el tercer cuatrimestre del 2020, Florenciáñez anunció que ya no recibirán nuevos fondos hasta cumplir el trámite. Así también, sus administraciones pasarán a ser fiscalizadas.

Destacó que las intendencias que sí cumplieron la rendición no tienen el trámite automáticamente aprobado sino que también serán controladas las documentaciones.

Finalmente anunció que este año buscan publicar en internet todas las rendiciones de municipios y entidades del país para que los ciudadanos puedan controlar a sus autoridades. Dicho proyecto tendría la financiación de una binacional, dijo.

“El mejor contralor es el propio ciudadano. De esa manera van a poder ver si un puente fue pagado y si esta obra existe o no en sus ciudades”, concluyó.

Cuestionada fiscalía

Aunque Florenciáñez no hizo mención a la cuestionada actuación del Ministerio Público, en el caso de Jesús (Itapúa), la Fiscalía imputó al intendente un mes después de la denuncia de la CGR. En Independencia, primero allanó la comuna ocho veces antes de tomar acciones concretas.