La petición es el cambio de las multas establecidas en las leyes 5895 y 6446/19 y sus decretos reglamentarios relacionados con la inscripción tardía de los beneficiarios finales, canje, canje y modificaciones de acciones.

“Hemos solicitado que la escala de 100 jornales a 500 jornales sea modificada y sean aplicadas las multas por contravención, acorde a las fijadas por la Ley Nº 125/91, que van de G. 50.000 a G. 1.500.000, para la presentación de las obligaciones citadas durante el 2020 y 2021”, indicó la Lic Lilian Torres, de la Asociación Meridiano.

La profesional indicó que de esa manera se podrá dar oportunidad a que las sociedades y contribuyentes en general puedan cumplir con el objetivo de la ley de transparencia y con sus demás obligaciones, aun en medio de este difícil año económico y sin tener que incurrir en mayores perjuicios financieros. Agregó que los contribuyentes vienen arrastrando los efectos de la crisis económica a causa de la pandemia de covid y otros factores de la economía.

Al reclamo también se sumaron directivos de la Asociación de Graduados en Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica, y asociaciones de distintos puntos del interior del país, donde justamente se siente más el peso de aquellos recargos debido a la escasa capacitación que llega a esos lugares.

La nota también menciona que la pandemia vino a desnudar fragilidades y deficiencias en torno a los sistemas informáticos en las estructuras de las instituciones públicas. En cuanto al cumplimiento de beneficiario final, muchos de los contribuyentes lo finiquitaron fuera del plazo, incurriendo en faltas que generan elevadas multas que son de difícil cumplimiento por la crisis actual.