La Corte deberá decidir si Alegre sigue en prisión

Cacavelos comentó esta mañana que como representante legal de Alegre ya presentó dos acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que fueron presentadas ya el año pasado pero aún no fueron resueltas. Por ese motivo, decidieron presentar hoy urgimientos y el pedido de una medida cautelar de urgencia.

“Será la Corte la que tendrá que decidir si va a seguir o no preso”, añadió el abogado del titular del Partido Liberal. El defensor señaló que desde un principio aseguran que no corresponde la medida cautelar y el comunicado con el cual la Fiscalía General intenta lavarse las manos y asegurar que fue la jueza la que determinó la prisión preventiva “es una vergüenza”.

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“Implica un desconocimiento grave del sistema de medida cautelar”, cuestionó esta mañana. En ese sentido, explicó que no se puede solicitar una medida alternativa a la prisión preventiva si no existen ya previamente los motivos como el peligro de fuga o de obstrucción a la investigación.

“Se utilizó la Fiscalía como arma de ataque político, para generar un caso penal nomás”, cuestionó y aseguró que todo el caso de Alegre desnuda la mala praxis fiscal y judicial. Por ejemplo, mencionó que la factura utilizada para construir la causa por producción de documento de contenido falso es un documento privado, no público.

“Si llega a juicio hoy se le absuelve a Alegre. Eso pues es lo que no quieren. Pasaron seis meses sin que se haga diligencia y hasta pidieron prórroga de seis meses más. El proceso pasó de haber concluido en diciembre del año pasado e irá hasta julio de este año. Esta investigación no es compleja, se podía terminar en un mes y tardaron un año. Lo único que quieren es mantener el proceso penal abierto en los máximos plazos para que sirva de ataque político”, criticó Cacavelos.

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Desde la semana pasada, Alegre se encuentra con prisión preventiva en la Agrupación Especializada. Fue la jueza Cynthia Lovera quien ordenó su prisión preventiva por incumplimiento de las medidas alternativas a la prisión impuestas en el marco de un proceso por presunta falsificación de facturas durante las elecciones pasadas. Alegré se negó a pagar una millonaria fianza y aceptó seguir el proceso tras las rejas.

A raíz de ello surgieron numerosos cuestionamientos desde la ciudadanía y los mismos parlamentarios hacia el actuar del Ministerio Público y de la fiscala general Sandra Quiñónez. Algunos legisladores piden el juicio político, pero aún no se cuenta con los votos necesarios para impulsarlo, gracias al apoyo del cartismo.

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