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Vergonzosa condena por el caso “Audios”
El caso audios filtrados del Jurado Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) finalizó en pleno Día de los Inocentes (28 de diciembre) con una condena simbólica para los acusados por tráfico de influencias y asociación criminal, Óscar González Daher, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann; y la absolución del exsenador por Unace Jorge Oviedo Matto.
En noviembre del año 2017 ABC destapó uno de los casos más escandalosos en Paraguay, con la difusión de los audios filtrados que confirmaron que la justicia estaba sometida a políticos y a todo aquel que sea o amigo o socio de ellos.
Las grabaciones revelaron un asqueroso esquema de apriete a jueces y fiscales, encabezado por el entonces senador colorado Óscar González Daher desde la presidencia del JEM, quien junto a su secretario Raúl Fernández Lippmann operaban para torcer la justicia a favor a sus amigos y castigar a todos aquellos que no se alineaban a la gavilla.
Luego de tres años el caso llegó a juicio oral y público, pero debido a un insustancial trabajo de investigación de los fiscales y mediante un tribunal complaciente, el exsenador Óscar González Daher y Raúl Fernández Lippmann fueron condenados solo a 2 años de prisión, y Carmelo Caballero a 1 año y 8 meses de cárcel, pero ninguno pisará el penal porque la sentencia es con suspensión de la ejecución.
Lo resaltante es que OGD y su exsecretario no podrán ocupar cargos públicos por el plazo de 7 años; y Carmelo Caballero por 5 años.
El primer gran blanqueo se dio tres meses después del inicio del Operativo Cicatriz.
Libertad para Ulises y ayudas al clan ZI
El “Operativo Cicatriz” se instaló oficialmente en setiembre del año pasado. Un mes después, en octubre, el otrora diputado abdista Ulises Quintana fue liberado de prisión.
Quintana fue liberado de la cárcel militar de Viñas Cue, luego de que un Tribunal de Apelaciones dicte la revocatoria de su prisión preventiva. Salió diciendo que no sabía si seguiría en Colorado Añetete, movimiento interno encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
De hecho, bastaron apenas unas semanas para que Quintana comience a mostrarse al lado del expresidente Horacio Cartes, confirmando su pase al movimiento Honor Colorado, que ahora impulsa la candidatura del diputado a la intendencia de Ciudad del Este.
Quintana ahora debe compartir movimiento y hacer campaña en la capital del Alto Paraná con los miembros del clan Zacarías Irún, grupo familiar con el que estuvo enfrentado políticamente durante años y que fue desplazado del poder tras una intervención a la comuna esteña.
Otro blanqueo para Javier
La jueza Meza de López salió designada como preopinante en un sorteo realizado en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Segunda Sala, compuesto también por los camaristas Perfecto Orrego y Juliana Giménez Portillo.
En agosto de 2019, Meza de López junto con Isidro González y Stela Zárate habían integrado el Tribunal de Apelaciones que confirmó el envío al archivo de una carpeta abierta contra Zacarías Irún por supuesto enriquecimiento ilícito.
Liberación de millonaria carga de cigarrillos
Aduanas liberó el cargamento de cigarrillos que había sido decomisado durante un operativo llevado a cabo hace un año en la ribera del lago de Itaipú y que en su mayor parte son marcas producidas por Tabesa, propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes.
La decisión liberó el 60% del cargamento decomisado el año pasado, con el argumento de que fueron presentados los documentos correspondientes, pero dijo que el 40% restante, que incluye también artículos electrónicos, no tiene ninguna documentación y fue declarado contrabando.
La entidad argumenta que la liberación y entrega dispuesta por el juez sumariante por la vía incidental se sustentó en la constatación de la legalidad de las mercaderías incautadas y reclamadas, así como también en informes remitidos por varias instituciones públicas, a quienes involucra, para justificar su decisión.
No se tuvo en cuenta, sin embargo, que al momento de la intervención realizada por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), las mercaderías no tenían documentación alguna que avale su legalidad.
En un principio, nadie se presentó a reclamar la carga de 20.000 cajas de cigarrillos, un importante lote de productos electrónicos, 103 cajas de agroquímicos, entre otras mercaderías varias, al igual que una flota de 14 camiones y 18 embarcaciones. Sin embargo, meses después del inicio del sumario, en la Aduana de Salto del Guairá cuatro empresas y 33 particulares solicitaron la devolución de bienes requisados.
Obra para el socio de Cartes
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) finalmente adjudicó la licitación para el diseño, construcción y acceso vial del Hospital Regional de Coronel Oviedo (departamento de Caaguazú) al Consorcio Jiménez Gaona y Lima SA, Itasa SA, Proel Ingeniería y MM SA por G. 151.248 millones (US$ 22,5 millones al cambio actual).
El grupo está liderado por la firma Jiménez Gaona y Lima SA, que pertenece a la familia del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y, a la vez, es socia del expresidente Horacio Cartes en el emprendimiento de la planta industrial de Cementos Concepción (Cecon).
El exministro Ramón Jiménez Gaona nunca fue investigado por la fallida obra del Metrobús.
Casos nunca investigados y juicios políticos cajoneados
El “Operativo Cicatriz” también permitió cajonear investigaciones de alevosos casos y de posibles juicios políticos.
El primer juicio político frenado por Honor Colorado fue el que se había planteado contra el presidente Mario Abdo por el acuerdo entreguista firmado en Itaipú.
La posibilidad de iniciar el juicio político fue planteado desde el mismo sector cartista, pero fue frenado por el mismo movimiento interno del Partido Colorado. Los referentes de Honor Colorado se han ufanado en diferentes oportunidades de ser los responsables de haber sostenido al gobierno de Abdo.
El pacto abdo-cartista también permitió que varios casos alevosos no fuera investigados nunca por la Fiscalía. El más reciente fue el acuerdo entre Petropar y la argentina Texos Oil con el que la estatal estuvo a punto de pagar una millonaria indemnización de forma extrajudicial.
El Ministerio Público no abrió nunca una investigación. Tampoco abrió causa alguna sobre el millonario desfalco que se habría cometido en la gobernación de Alto Paraguay durante la administración de Marlene Ocampos, actual diputada, que no tuvo problema alguno para pasar de abdista a cartista para salvarse del proceso penal que duerme en algún cajón de la Fiscalía.
Las dos facciones del Partido Colorado fueron las que frenaron los intentos de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por las numerosas irregularidades en su gestión.
Fueron cartistas y abdistas los que también intentaron frenar la sesión de la Corte Suprema que hizo públicas las declaraciones juradas.
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