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Las 20.000 cajas de cigarrillos, la mayoría marcas producidas por Tabacalera del Este S.A (Tabesa), propiedad del expresidente de la República, Horacio Cartes, están vencidas tras haber transcurrido un año de su incautación en Salto del Guairá, según reconoció a ABC el director nacional de Aduanas, Julio Fernández.
Al no ser apta para el consumo y, por ende, para su comercialización esta situación dejaría abierta la posibilidad de que los dueños del cargamento presenten una demanda contra el Estado por daños y perjuicios, por sumas multimillonarias.
Lo que en sus inicios fue calificado por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como un “duro golpe al contrabando” tras la realización del operativo a orillas del lago de Itaipú, un año después podría terminar en un duro golpe al bolsillo de la ciudadanía que con el pago de los impuestos tendría que financiar una eventual resolución de la justicia a favor de los tabacaleros.
Operativo anticontrabando
Los cigarrillos, que formaban parte de un gran cargamento que incluía electrónicos, agroquímicos y mercaderías varias, fueron decomisados mediante un operativo anticontrabando llevado a cabo el 5 de febrero de 2020 por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y otras instituciones.
La operación se realizó en un predio a orillas del lago de Itaipú, en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, en donde también funcionaban puertos clandestinos desde donde salían las lanchas para trasladar los productos al Brasil.
En el lugar no solo habían cigarrillos y otros artículos, sino también se encontró una gran logística montada y utilizada para transportar las cargas: una flota de 14 camiones y 18 embarcaciones, más cinco depósitos en donde se almacenaban la mercadería antes de su paso hacía el vecino país.
Aduanas, sin embargo, luego de un año concluyó el sumario administrativo, liberó el 60% del cargamento y entregó de nuevo a los que reclamaron su devolución (ver listado), con el argumento de que todos los documentos que fueron presentados avalan su legalidad.
En contrapartida, la entidad de control hizo la vista gorda a lo que dispone el Código Aduanero en varios artículos, que sanciona el contrabando e, incluso, la tentativa de contrabando (ver infografía).
Solo el 40% restante del cargamento fue declarado como contrabando por el juez sumariante, Basilio Bogado, administrador de aduana de Salto del Guairá.
Estas mercaderías siguen depositadas en la administración aduanera de Algesa, en Ciudad del Este, pero algunos propietarios optaron por apelar esta resolución y ahora está en la jurisdicción del director nacional de Aduanas para una decisión final en el ámbito administrativo, ya que de no ser favorable a los intereses de los tabacaleros podrían recurrir a la justicia.
La decisión de Aduanas de liberar la mayor parte del cargamento se da, según las fuertes versiones, como parte del acuerdo conocido como “operación cicatriz”, logrado entre el presidente de la República, Abdo Benítez, y el expresidente Cartes, que incluyen acciones en el ámbito político y judicial.
Este acuerdo le permitirá a Abdo Benítez terminar su mandato en 2023, atendiendo que en el Congreso no prosperará ningún juicio político; en tanto, Cartes se protege y fortalecer su posición sin necesidad de estar en el gobierno.
“Resolución inapelable”
La resolución de la administración aduanera de Salto del Guairá, a cargo de Basilio Bogado, de liberar el 60% del cargamento de cigarrillos y otras mercaderías incautadas el año pasado, fue dictada por la vía incidental por lo que es inapelable y con esto se evitó una eventual acción de parte del representante fiscal de Aduanas. Según había señalado a ABC el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, cuando se trata de resoluciones de primera instancia con incidentes, la ley dispone que serán inapelables y que esto, de acuerdo con la Asesoría Jurídica de la entidad, está establecido en artículo 366, inciso 5), del Código Aduanero. El organismo utilizó esta parte del código para evitar la apelación y entregar inmediatamente el 60% de las mercaderías, pero obvió los artículos que sancionan el contrabando y la tentativa.
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