Al iniciarse la audiencia ante la CIDH, Ríos reafirmó que se cometieron numerosas irregularidades con su destitución

Cerca de las 11:00 –hora local– se dio inicio a la audiencia pública llevada a cabo de manera virtual. El Dr. Bonifacio Ríos relató todo el proceso de la destitución de él y sus colegas, además de las consecuencias que generaron en sus vidas profesionales y personales.

Ríos Ávalos exige que se lo restituya en el cargo, del que fue removido a través de un juicio político que culminó el 12 de diciembre de 2003, además de los salarios caídos desde el 2003 y los gastos de representación.

Durante su defensa, aseguró que durante su juicio, los acusadores desistieron de 14 de las causales del juicio, que estaban conformadas por decisiones del pleno de la Corte.

Recordó que luego de ser destituido, fue echado también de la Escuela Judicial y de la Universidad Católica, solo conservó cátedras en otra universidad privada.

“Mi proyecto de vida se truncó. Me pasé toda la vida estudiando, hasta hoy sigo estudiando. Me preparé para defender la independencia del Poder Judicial, la Constitución y la ley”, añadió.

Resaltó que por ser destituidos, quedó con el estigma de haber sido echado de la Corte, sin trabajo y dinero, además, aseguró que su familia también sufrió cambios y hasta requirieron tratamiento psicológico, debido a la persecución política y las amenazas.

Lea más: Hoy arranca el juicio contra el Estado por el caso Ríos Ávalos en la OEA

“No es fácil defender la independencia, cuesta caro, pero esto lo hago por nuestros hijos, por las generaciones venideras que merecen tener una justicia independiente y no subordinada”, enfatizó.

Ríos señaló que la resolución final de la CIDH será una enseñanza sobre los juicios políticos y servirán para que se estandaricen los procesos de enjuiciamiento de manera judicial, sin intereses sectarios ni políticos, solo bajo argumentos legales.

Finalmente, aseguró que se violaron varias garantías, primero la imparcialidad dentro del proceso, los principios de prohibición de enjuiciamiento a magistrados por sus fallos y varios artículos de la Constitución Nacional, entre otros principios legales.

Por su parte, Jesús Fernández, hijo del fallecido ex ministro Carlos Fernández Gadea, también prestó declaración testifical y relató que toda su familia fue estigmatizada durante y después de todo el proceso. “Mi padre y los demás miembros de la corte estaban realizando un impecable labor. La persecución fue feroz, por todos los medios posibles”, lamentó.

Asimismo, aseguró que el entonces Presidente Nicanor Duarte y un grupo de empresarios y políticos estigmatizaron a toda su familia. “Invisibilizaron el buen labor y desempeño de mi padre y los demás miembros de la Corte, desinformando y creando una ficción alrededor de lo que iba aconteciendo y el por qué eran realmente juzgados. La persecución generó angustia e impotencia en cada miembro de mi familia y cada uno sufrió a su manera”, añadió.

Fernández hizo énfasis en que desea que se restituya el honor de su padre “por las arbitrariedades cometidas por el Estado Paraguayo”.

Cabe recordar que Ríos Ávalos fue destituido por supuesto mal desempeño de sus funciones, junto a Carlos Fernández Gadea (ya fallecido) en el 2003.

El exmagistrado fue restituido en el cargo por decisión de una Sala Constitucional, pero esa resolución fue revocada y los camaristas fueron enjuiciados, además de destituidos. Posteriormente, acudió ante el órgano internacional para solicitar nuevamente al Estado paraguayo que lo repongan en el cargo.

En el mes de setiembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recomendó a Paraguay la reposición en el cargo o la indemnización. Sin embargo, el Estado rechazó la recomendación y anunció que litigará en la Corte IDH para ratificar que la destitución se dio en estricto cumplimiento de lo que la Constitución Nacional y las leyes establecen en el caso.

Lea más: Corte IDH inicia juicio contra Paraguay

El procurador general de la República, Juan Rafael Caballero, se mostró muy confiado con este proceso y señaló que están trabajando con la Cancillería nacional para defender los intereses de Paraguay ante el organismo.

“La Comisión alega, y Paraguay por supuesto rechaza, que se violó el debido proceso en el juicio político. Tiene una percepción errada, a mi juicio, de que debería haberse reglamentado por ley, de que el artículo 225 de la Constitución Nacional no es suficiente, de que la causa de mal desempeño no está debidamente tipificada, y a mi juicio sí, eso recoge en todas las constituciones de América”, señaló días atrás.