Llamativo “privilegio” del MOPC a su contratista de la obra Costanera Sur

Luego de prórrogas, el Consorcio del Sur debía conseguir la financiación de la Costanera Sur de Asunción en febrero de este año. Sin embargo, nuevamente le privilegiaron con una adenda que cambia las reglas y los plazos. El documento establece que el MOPC primero debe dar la orden de inicio de la obra para que la contratista pueda conseguir el préstamo de US$ 130 millones que costeará la infraestructura vial.

La Costanera Sur afecta a varias familias que deben ser reubicadas en viviendas temporales. Después les construirán casas en un predio que será rellenado.
La Costanera Sur afecta a varias familias que deben ser reubicadas en viviendas temporales. Después les construirán casas en un predio que será rellenado.

En octubre del 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó el contrato para las obras de la Costanera Sur de Asunción y, a partir de esa fecha, el Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya Ingeniería de Topografía y Caminos SA (TyC), representado por Francisco Griñó, tenía un plazo de 210 días para conseguir la financiación del proyecto (US$ 130 millones), es decir, hasta mayo del año pasado.

Sin embargo, a solo un mes de la firma del contrato (noviembre del 2019), el MOPC suspendió este plazo, a través de una adenda y el tiempo del cierre financiero (plazo para conseguir los recursos que costearán las obras) recién comenzó a correr desde julio del año pasado, lo que significa que la firma debía conseguir el préstamo que financiará la vía en febrero de este año.

Sin embargo, de nuevo este plazo se cambió y ahora el MOPC debe dar primero la orden de inicio de los trabajos para que el consorcio gestione el empréstito necesario para solventar la construcción de la infraestructura vial, según la adenda número 5 que el MOPC firmó con el consorcio.

Con esta decisión cambiaron las reglas de la licitación y privilegian al grupo adjudicatario, la que primero debió conseguir la financiación para que se le ordene el inicio de los trabajos.

Cambios benefician al Estado, según MOPC

Se le consultó sobre esta modificación al Ing. Alfredo Bordón y se le señaló que en el convenio modificatorio Nº 5 se definió el “cierre financiero” de la siguiente manera: “Corresponde a la firma del contrato financiero entre la contratista y la entidad financiera a los efectos de financiar el proyecto, el cual deberá realizarse como máximo dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la orden de inicio de obras, que será emitida siempre y cuando la contratista haya demostrado que tendrá la disponibilidad de recursos financieros para el inicio de la ejecución de obra”.

No se aclaró empero cómo demostrará la empresa que tiene recursos para iniciar los trabajos, condición necesaria para que le dé la orden de inicio. Asimismo, se le preguntó al Ing. Bordón por qué se otorga tantos privilegios y prórrogas al grupo a lo que respondió “que es todo lo contrario, porque según él es “favorable a los intereses del Estado”.

“Esta dinámica es mucho más favorable para el Estado, que no debe pagar intereses extras debido a demoras que pueden surgir por el inicio de obras, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto con un componente de gestión social muy importante”, explicó.

Se le insistió sobre la fecha en que el MOPC dará la orden de inicio de las obras para saber si el consorcio realmente conseguirá los recursos necesario, y respondió se la darán “al liberar la franja de dominio”, lo que significa que hasta ahora el MOPC tampoco reubicó a la población afectada para que pueda avanzar con los trabajos.

“Para eso (la reubicación), se llamó a licitación para la construcción del barrio temporal. Allí deben ser ubicadas las familias que están dentro de la franja”, explicó. La construcción de las viviendas temporales adjudicaron a Tecnoedil, por casi G. 15.000 millones, en noviembre del año pasado, pero las obras no avanzan.

Desistió de la obra

También se preguntó al empresario Francisco Griño sobre el avance de las negociaciones con el Bank of América (EE.UU.), entidad que se comprometió en la oferta del consorcio a financiar la infraestructura vial, dijo que este banco desistió del proyecto, porque no “le pareció interesante”.

Se le insistió entonces qué entidad financiará la Costanera Sur y dijo que están negociando con el Banco Itaú. “La orden de inicio está prevista para junio, pero estamos viendo con el MOPC si podemos adelantar para abril. El proyecto y el cierre financiero están listos, pero falta la liberación de la franja de dominio, que está bien encaminado”, informó.

Acerca de los cambios preguntamos a Griñó si pueden considerarse como un privilegio para la empresa, tras las prórrogas que ya le otorgaron en su momento, a lo que respondió que las modificaciones se dieron a “pedido del banco (Itaú)” y que “corresponden”. “Ellos venden los bonos y tienen que tener fecha y la orden de inicio es una fecha cierta y de ahí para adelante no puede parar la obra”, dijo.

La Costanera Sur es la segunda obra de envergadura que se adjudicó bajo la ley 5074, más conocida como “llave en mano”, en la que la adjudicataria debe conseguir la financiación, que el Estado irá asumiendo como deuda pública en la medida en que vayan terminando los tramos pautados. El primer proyecto grande adjudicado con esta modalidad es el Corredor Bioceánico.

Viviendas temporales

En noviembre del año pasado, el MOPC adjudicó el diseño y construcción de viviendas temporales para la reubicación de los afectados de la Costanera Sur, pero las obras aún no avanzan. La firma Tecnoedil SA debe encargarse de estas obras por un monto de G. 14.830 millones. Estas casas deben construirse en un área aproximada de 2,71 hectáreas, donde edificarán 187 viviendas en total, además, 14 unidades de tipo comercial y un Salón Multiuso Comunitario. Esto en el predio de la Primera División de Infantería (ex RI 14), luego de un convenio firmado con el MOPC.

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