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La fiscal Natalia Fúster presentó más de 20 tomos de pruebas documentales que, según afirmó, probarán el enriquecimiento ilícito por la suma de G. 4.113.282.879 que no tienen cómo justificar los acusados en la causa.
En sus alegatos iniciales la agente de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción amplió la acusación y, si bien ratificó los presuntos hechos punibles cometidos por la familia, precisó que el supuesto enriquecimiento ilícito que cometieron los procesados es por la cifra mencionada.
Fúster explicó al tribunal presidido por el juez Manuel Aguirre e integrado por las magistradas Lourdes Peña y Blanca Gorostiaga, que en
la audiencia preliminar se dispuso una nueva pericia contable, cuyos resultados hicieron variar la acusación inicial, presentada en agosto de 2019, que había establecido un déficit de G. 4.164.257.107.
El encargada de la pericia final, Javier González Pérez, detalló que la falta de correspondencia se inicia a observar desde el 2013, cuando Justo Cárdenas fue designado al frente del Indert por el entonces presidente de la República, Horacio Cartes.
“Ese año, coincidentemente empiezan las inversiones más importantes que realizó (Cárdenas) cuando no contaba con los recursos necesarios para esas inversiones”, resaltó el profesional ante el tribunal.
Precisó que el monto del presunto enriquecimiento ilícito atribuido a Cárdenas, desde julio de 2008 hasta julio de 2018, es de G. 1.904.136.549.
Para el próximo viernes 12 se prevé la declaración de la perito Alison Garay, del Laboratorio Forense del Ministerio Público.