Viviendas para reubicar a afectados de Costanera Sur tampoco avanzan

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó el diseño y construcción de viviendas temporales para la reubicación de los afectados de la Costanera Sur, pero las obras no avanzan hasta la fecha, por lo que aún no pueden liberar la franja de dominio. La firma Tecnoedil SA debe encargarse de estas obras por un monto de G. 14.830 millones.

Estas casas deben construirse en un área aproximada de 2,71 hectáreas, donde edificarán 187 viviendas en total, además, 14 unidades de tipo comercial y un Salón Multiuso Comunitario. Esto en el predio de la Primera División de Infantería (ex RI 14), luego de un convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sin embargo, Paul Sarubbi, representante de Tecnoedil, informó a ABC que las tareas recién están en etapa de diseño, porque aún no definen el tipo de casas que se tienen que erigir. “Estamos en etapa de proyecto, hay conversaciones entre el MOPC y los propietarios de esas viviendas, como para ir definiendo la tipología de las viviendas y el proyecto definitivo de cómo será el barrio. Estamos esperando que nos pasen esas respuestas definitivas de aprobación de los propietarios para comenzar a construir”, expresó.

Al mismo tiempo, el empresario aclaró que el inicio de estas obras depende de Obras Públicas y no de la contratista.

Costanera propiamente, sin financiación

El Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya Ingeniería de Topografía y Caminos SA (TyC), representado por Francisco Griñó, que debe construir la Costanera Sur propiamente, informó que si no se libera la franja de dominio no podrán conseguir la financiación de US$ 130 millones que requerirá la obra.

Ya en octubre de 2019, el Ministerio de Obras Públicas firmó el contrato con el Consorcio del Sur y, a partir de esa fecha, tenía un plazo de 210 días para conseguir la financiación del proyecto (US$ 130 millones), es decir, hasta mayo del año pasado.

Esto atendiendo a que se trata de una obra vía Ley 5.074 “llave en mano”, donde la empresa adjudicada debe conseguir la financiación de los trabajos, que el Estado asumirá como deuda cuando culminen los tramos pautados en el contrato.

Sin embargo, a solo un mes de la firma del contrato (noviembre del 2019), el MOPC suspendió este plazo, a través de una adenda y el tiempo del cierre financiero (plazo para conseguir los recursos que costearán las obras) recién comenzó a correr desde julio del año pasado, lo que significa que la firma debía conseguir el préstamo que financiará la vía en febrero del presente año.

Pero de nuevo este plazo se cambió y ahora el MOPC debe dar primero la orden de inicio de los trabajos para que el consorcio gestione el empréstito necesario para solventar la construcción de la infraestructura vial.