Figueredo aseguró que el abogado Diego Troche pretendió unilateralmente dejar sin efecto el contrato, por lo que el caso se judicializó. Señaló, además, que ya fue requerida la desestimación de la denuncia de invasión presentada por los representantes de Laguna S.A. y Principado S.A., por parte el fiscal Vicente Rodríguez.
En relación a los indígenas que impiden la cosecha en el lugar, Figueredo señaló que sus representados no tienen injerencia en ellos, y que estaría relacionado a un pleito judicial de décadas con ambas firmas.
Consultado sobre si tendría una boleta de pago por el arrendamiento que dice haber acordado, el abogado Figueredo no respondió ni envió ningún documento.
Sobre el mismo tema, el comisario Félix Benítez, jefe de Prevención y Seguridad ciudadana de Canindeyú, anunció que para los próximos días se prepara un procedimiento policial de acompañamiento a los productores del lugar, a fin de que puedan cosechar finalmente su soja.
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El alto jefe confirmó que efectivamente indígenas impiden la cosecha en el lugar con fines extorsivos. “Según los datos, los líderes indígenas exigen 500 millones para liberar la cosecha”, indicó.