En este proceso que llegó a su etapa final no se incluyó al diputado Rivas, ya que mediante chicanas evitó llegar a esta instancia. Sin embargo, el pasado 2 de diciembre, el juez Raúl Florentín decidió que el mismo también debe afrontar un juicio oral y público por estafa.
El pasado 28 de agosto sus caseros Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González, quienes aparecían en la planilla de funcionarios de la Cámara Baja fueron condenados por un tribunal integrado por Carlos Hermosilla (presidente), Héctor Escobar y Wilfrido Peralta.
Los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnulfo Arias y Óscar Rodríguez Kennedy anularon parcialmente la sentencia dictada.
Según los camaristas, los jueces no fundamentaron por qué Chaparro Penayo fue condenado a 3 años de cárcel y los otros dos procesados solo a dos años y seis meses. El tribunal de apelación enfatizó en que todos cometieron el mismo hecho punible de estafa, desde julio de 2016 a febrero de 2017.
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El preopinante Arnulfo Arias votó que el tribunal de apelación equipare las penas, por decisión directa, a dos años y seis meses para los tres “caseros de oro”. Por su parte, Rolón Fernández y Rodríguez Kennedy votaron por reenviar el expediente a otro tribunal para establecer una nueva condena.
Al dictar la sentencia, Hermosilla había explicado que la pena de Chaparro Penayo es mayor al de los otros condenados porque el mismo tiene título de abogado, lo que eleva su reprochabilidad en la causa.
En el juicio se probó que los caseros, según el contrato que firmaron, tenían que cumplir un horario de 7:30 hasta las 15:30, de lunes a viernes, y debían estar en la Cámara Baja el tiempo que el diputado Tomás Fidelino Rivas estuviese en la sede parlamentaria, ya que Nery Franco y Chaparro eran choferes, mientras que Lucio Romero era secretario privado del legislador.
Sin embargo, en las 35 sesiones realizadas entre el 1 de julio del 2016 y el 28 de febrero de 2017 los mismos, pese a marcar asistencia en planilla, tenían llamadas telefónicas que les ubicaban en el distrito de Ybycuí, con minutos de diferencia de su hora de entrada.
Es decir, los funcionarios hacían de caseros de Tomás Rivas, en la vivienda que tiene en Lambaré y en su estancia de Paraguarí, conforme a la acusación del fiscal Luis Piñánez.