Tras repudio ciudadano analizan “recortar” los aumentos vips otorgados a funcionarios públicos

“¿Quién dijo que no se puede recortar los aumentos que se dieron en Senadores y en el Congreso? Si ya lo hicimos; lo volvermos a hacer!!” posteo en su cuenta de la red social Twitter el senador Blas Llano.

Lamentablemente esta reacción del senador liberocartista se da luego del repudio ciudadano y no como iniciativa propia ya que es uno de los representantes del pueblo que debe velar por cada guaraní que se recauda.

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También el diputado cartista Basilio Núñez anunció en su cuenta de Twitter que están trabajando con otros colegas en un proyecto de ley para dejar sin efecto los aumentos que se otorgaron a los funcionarios del Senado en plena crisis sanitaria en donde faltan medicamentos y los galenos arriesgan sus vidas por míseros salarios.

En su posteo, el cuestionado diputado cartista dijo que “deben mejorar el gasto público, nuestros compatriotas nos piden”. Lo que no puso Bachi Núñez es que desde hace años los ciudadanos están exigiendo una reestructuración real del Estado que destina demasiado dinero para mantener la pesada carga de funcionarios públicos y deja postergadas las inversiones en salud, educación e infraestructura.

Debido a que los políticos de turno mantienen sus beneficios y no destinan dinero a mejorar el sistema sanitario y educativo, ahora sufrimos una de las peores crisis sanitarias, muchas escuelas se caen a pedazos y la población pasa hambre ante la falta de trabajo.

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Consultada al respecto la diputada Rocío Vallejo (PPQ) dijo que junto al diputado Bachi Núñez están trabajando en el proyecto de ley para anular los aumentos vips y se tiene previsto presentar este lunes y estudiarlo el próximo martes en la Cámara Baja.

Es evidente que este proyecto para anular el aumento se da debido al repudio ciudadano, pues fueron los propios diputados el 1 de diciembre del 2020, quienes aprobaron el Presupuesto General de la Nación en donde se incluía el pago de aumento salarial para un grupo importante de funcionarios de diversas instituciones, que fueron incluidos en los presupuestos 2019 y 2020 para favorecer a los operadores políticos.