PIRIBEBUY, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El conflicto en torno al programa de almuerzo escolar comenzó cuando un grupo de concejales decidió realizar una modificación al pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional para la provisión de los alimentos. La convocatoria es por un presupuesto de G. 567 millones para el 2021 y G. 390 millones para el 2022, en cumplimiento al Art. 176 de la Ley 6672 de Presupuesto General de la Nación 2021.
Dicho articulado establece que la adquisición de bienes y servicios destinados a la provisión de alimentación escolar y/o canasta básica de útiles escolares debe realizarse con carácter plurianual, debiendo ser adjudicado en el presente ejercicio. Esto, con el objetivo de garantizar la distribución de los alimentos desde el primer día de clases del año 2022, atendiendo el presente año electoral.
Sin embargo, el grupo de ediles en forma contraria a la citada legislación y alegando autonomía municipal modificó el pliego para que el llamado y provisión del almuerzo sea solo por este ejercicio fiscal. Los concejales pusieron de ejemplo a otras comunas, como Hohenau y Altos, que realizaron la convocatoria solo para el 2021, sin tener observaciones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Los ediles que votaron por la modificación del pliego son: Cayo González, exintendente (ANR) y actual candidato a intendente por Concordia Colorada; Miguel Benítez (ANR), Virginio Ortega (ANR), presidente de la Junta y Feliz Benítez (ANR). También los liberales Rafael Alcaraz y Aníbal Flecha, estos dos últimos aspirantes al rekutu.
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El concejal González, hermano del diputado Roberto Gonzalez (ANR), señaló que el deseo de los ediles fue más que nada ser “previsibles” para dejar libertad a las nuevas autoridades electas, más aún en un tiempo de pandemia.
Adelanta veto
El intendente Blas Gini (PLRA) anunció que vetará la resolución de la Junta Municipal porque está en contra de una ley nacional, que está por encima de resoluciones municipales. Ante esta situación, la provisión del almuerzo para 464 alumnos de unas siete instituciones educativas sufriría un retraso de meses.
Un problema repetitivo
El año pasado la Junta Municipal, en ese entonces, presidida por Cayo González (ANR), logró suspender por varios meses la distribución de los kits de alimentos que debían ser concedidos en sustitución al almuerzo escolar. Esto, luego de una denuncia realizada en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por una supuesta sobrefacturación de los productos.
La DNCP realizó una investigación que duró cinco meses y encontró que los precios estaban conforme a la oferta del mercado. A partir de entonces se pudo reanudar la distribución de alimentos.