Los camaristas Óscar Rodríguez Kennedy (disidente), Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete ratificaron el fallo dictado en diciembre del 2015, por un Tribunal de Sentencia presidido por Juan Carlos Zárate.

El colegiado consideró además del perjuicio económico al dejar vencer miles de vacunas, el daño causado a la población que las necesitaba para preservar la salud. Asimismo, concluyó que Giménez incurrió en producción inmediata de documentos públicos de contenido falso al presentar un informe al exdirector del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), doctor Carlos Torres (2011), el que comunicaba que tenía “stock cero” de vacunas.

“(...) la misma, por medio de un memorándum informaba el stock cero de una serie de vacunas como SPR... estas vacunas son las que vencieron en mayor cantidad y por las que se originó la intervención”, señala al destacar que las vacunas vencidas estaban ocultas.