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En el caso del exparlamentario cartista, la acusación de la Fiscalía puntualiza que sus movimientos financieros a través de depósitos bancarios no se condicen con sus ingresos contabilizados. El total de esos depósitos asciende a G. 11.946.079.037, resultando un saldo de G. 6.076.062.260, monto por el cual supuestamente OGD se enriqueció ilícitamente.
Respecto al concejal de Luque por el Partido Colorado, resulta una diferencia negativa de G. 51.043.359.784 y 82.794 dólares que no tienen correspondencia.
Para lavar el dinero ilícito los acusados habrían utilizado a la empresa Príncipe Di Savoia SA, una firma de fachada que fue usada para justificar la compra de propiedades, pero que no poseía movimiento en su cuenta bancaria pese a la supuesta actividad comercial y la cantidad de operaciones de alquiler que realizaba y administraba.
En cuanto a la declaración, la acusación señala que los acusados presentaron declaraciones juradas ante la Contraloría, omitiendo cuentas bancarias, inversiones en depósitos de ahorro además de bienes muebles e inmuebles.