La Comisión de Hacienda del Senado, cuya titular es la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), resolvió ayer postergar su dictamen al proyecto de ley que recorta los aumentazos salariales concedidos en plena pandemia y crisis financiera. Dicha propuesta legislativa también plantea transferir estos fondos a Salud Pública para la compra de insumos médicos.
Sin bien el estudio del proyecto figura en el punto N° 9 del orden del día de la sesión ordinaria del jueves, la falta de dictamen forzaría la postergación del estudio en el Senado.
Derecho adquirido, dicen
Con la excusa de pedir informes antes de tocar un “derecho adquirido”, votaron por la postergación ocho senadores y estuvieron ausentes otros cinco. Solamente el proyectista Stephan Rasmussen (PPQ) votó en contra de la postergación (ver el cuadro).
Este proyecto surgió al descubrirse que el titular del Senado, Óscar Salomón (ANR, Añetete) concedió aumentos por unos G. 12.000 millones al plantel. En dicha nómina, una veintena de funcionarios VIP, con sueldos de entre G. 5 a 9 millones, recibieron aumentos de entre G. 3 a 8 millones, con lo que pasaban a cobrar hasta G. 15 millones.
Tras el escándalo Salomón prometió recortes y devolver al gobierno central G. 8.000 millones.
Senadora “llora miseria”
Hermelinda Alvarenga (PLRA, llanista) fue quien mocionó la postergación. Sostuvo que los sueldos están protegidos por la Constitución y que los senadores ya toleraron demasiados recortes de beneficios, como el seguro médico Vip.
En tono de súplica, dijo que aunque tiene una empresa de 2.000 alumnos (Universidad Nihon Gakko), necesita su salario parlamentario. Después le aclararon que la ley no afectaba a los senadores.
Un senador tiene una dieta de G. 29.606.840 y un gasto de representación por G. 3.168.000. Históricamente recibían además bonos de combustible, viáticos, seguro médico vip y otros. Alvarenga también se escandalizó ante el debate de que senadores y diputados trabajen ad honoren.