Tributación contrató por US$ 3 millones sin estudio de mercado sobre precios

Además de incumplir la Ley de Contrataciones al no justificar la urgencia alegada para la adjudicación por vía de la excepción, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) tampoco hizo un estudio de mercado sobre precios, como lo exige la misma norma, para contratar por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), para actualizar el sistema Marangatú.

Esto concluyó la Contraloría General en el dictamen técnico Nº 1 del 4 de febrero del 2020, sobre el análisis técnico realizado a la contratación del “Servicio de Actualización Tecnológica del Sistema de Gestión Tributaria Marangatú” y que recién se reveló ahora.

Con respecto al costo estimado, refiere la Contraloría, que la SET no arrimó los montos estimados para el referido tipo de contrato. “Es decir, su fuente de obtención. Tampoco fueron incorporados los impuestos que deben estar considerados en estos precios”, dice el dictamen.

“Se puede concluir que la convocante (SET) no realizó estudios de mercado que rindan el debido soporte técnico-económico a la estimación de precios que debe sustentar todo procedimiento de contratación, tal como lo establece la normativa que rige el campo de las contrataciones públicas, que en el artículo 15 de la ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas” (Ver infografía”, enfatiza el órgano contralor.

En su conclusión, la Contraloría resaltó: “El costo estimativo utilizado por la SET para esta contratación no observó los lineamientos estipulados por el artículo 15 de la ley 2051/03 y la normativas emitidas sobre el particular por la DNCP, careciendo por ello del rigor técnico fijado por el citado ordenamiento legal”.

El órgano constitucional igualmente había resaltado que la SET recurrió al procedimiento de contratación por vía de la excepción sin las debidas fundamentaciones técnicas, económicas y legales, estipuladas en el artículo 33 inciso g de la Ley de Contrataciones y el artículo 73 del Decreto N° 21909/03 del Ejecutivo, que reglamenta las contrataciones hechas por el Estado.

Antecedentes

Los antecedentes revelan que alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) contrató en forma directa y por vía de la excepción al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatú.

Llamativamente, quienes fueron elegidos tenían entre sus directivos a Marta González Ayala, quien en ese entonces era la titular de la SET. Es decir, se contrató a un organismo en un momento en el cual ella era una de las autoridades integrantes.

Según los datos que constan en el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala ingresó como miembro del consejo directivo de la organización el 6 de mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.

A pesar de que el sistema Marangatú llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionamientos, no fue sino hasta 2016 que la administración de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.

La Contraloría observó una serie de irregularidades en la adjudicación directa.

La justificación para adjudicar

Para justificar la adjudicación por la vía de la excepción, la SET dijo que transcurrieron nueve años del Sistema Marangatú y dos procesos de actualizaciones y readecuaciones, por lo cual era necesario iniciar un proceso de actualización tecnológica integral de la arquitectura en general del sistema, incorporando al mismo nuevas funcionalidades, “para lo que resulta necesaria la contratación de un servicio, a fin de encarar un proceso de actualización tecnológica...”